Los afectados por el síndrome Ardystil esperan poner hoy fin a once años de lucha. El colectivo, que representa Amparo Pascual, confía en que la sentencia que hoy hará publica la presidenta de la Sala de Audiencia de Alicante que ha juzgado el caso, Virtudes López, "haga justicia" a los seis fallecimientos y 70 afectados que desencadenó el síndrome Ardystil en 1992 entre los trabajadores del sector de la aerografía textil de Cocentaina y Alcoi. El juicio por el caso Ardystil comenzó el pasado cuatro de febrero y se prolongó hasta el 9 de abril. En los tres meses que duró el juicio declararon 108 testigos y se sentaron en el banquillo de los acusados 10 empresarios de ocho industrias del sector de la aerografía (Ardystil, Aeroman SL, Aerografía Textil, Aeroreig, Aeroalcoy S.L, Aerobrix, Francisco Miquel Laborel y Boncolor) y el inspector de trabajo, Alfredo Ortolá, a los que se les responsabiliza de un delito de imprudencia contra la salud e higiene en el trabajo.
La acusación pública solicita penas que oscilan entre uno y seis años de prisión para los acusados. Las indemnizaciones económicas para los afectados y los familiares de las víctimas oscilan entre los 240.000 euros y los 36.000 euros. La cantidad más alta, de una renta vitalicia de 2.400 euros al mes, se solicita para la afectada que fue sometida a un transplante bipulmonar, Susana Javaloyes, y que protagonizó una se las sesiones más tensas de juicio. En su declaración ante el tribunal aludió directamente a Juana Llácer, propietaria de Ardystil, como responsable de todo el mal causado. Llácer, que al igual que el resto de procesados rechazaron sus imputaciones a lo largo de juicio, se enfrenta a seis años de cárcel, según la petición inicial del Ministerio público.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 30 de junio de 2003