Los abogados que representan a las víctimas de la dictadura argentina reclamarán hoy al juez Baltasar Garzón que "reenvíe" a Buenos Aires la petición de detención y extradición de 46 ex altos mandos de las Fuerzas Armadas acusados de secuestros, torturas, asesinatos y la desaparición de miles de ciudadanos. Para que el requerimiento prospere, el Ejecutivo argentino debería derogar antes el decreto 1.581, firmado por el ex presidente Fernando de la Rúa, por el que se disponía el "rechazo automático" de los autos de prisión contra ciudadanos argentinos por delitos cometidos en el país. Uno de los miembros de la acusación particular, el abogado argentino Carlos Slepoy, exiliado en España desde 1977, dijo ayer en Buenos Aires a EL PAÍS que "a pesar de las enormes presiones, éste es un momento trascendente de la historia política argentina, el presidente Néstor Kirchner parece dispuesto a tomar decisiones importantes para que la justicia actúe de forma independiente".
La llegada de Cavallo a España era ayer noticia de portada en todos los periódicos y telediarios. El ministro de Defensa, José Pampuro, había recogido en la semana la "preocupación" de los mandos de las Fuerzas Armadas ante la posibilidad de que el caso de Cavallo renovara los pedidos de detención con vistas a extraditar a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 30 de junio de 2003