El Gobierno vasco ha pagado durante tres años más de 70.000 euros a un testigo protegido del caso Brouard, supuesto agente o colaborador del Cesid, cuya actuación en el sumario no supuso ninguna aportación para esclarecer el asesinato del dirigente de HB en 1983 y ni siquiera se presentó al juicio para declarar. La sentencia sobre el crimen, dictada por la Audiencia de Vizcaya, señala que en el caso de esta persona, cuya identidad responde a la de Miguel Navarro Salas y recibió ese tratamiento a instancias del juez instructor, ha existido "por lo menos un enriquecimiento sin causa".
"El erario autonómico ha subvencionado a una persona que dudosamente puede creerse que estuviera, desde un principio, dispuesta a concurrir al acto del juicio, y que ha vertido manifestaciones objetivamente increíbles", señala la sentencia. Un portavoz del Departamento vasco de Justicia pidió la actuación de la Fiscalía para perseguir la conducta del testigo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de julio de 2003