El Departamento de Enseñanza ha decidido privar a nuestra escuela de los servicios de una profesora de catalán de probada competencia. El curso próximo tendremos que compartirla con otro centro de nuestra población y el siguiente tendremos que prescindir de sus servicios.
Es ésta una manifestación clara de la política de la Generalitat: máxima optimización de recursos insuficientes. La razón es evidente: la llegada masiva de inmigrantes a las escuelas catalanas ha multiplicado las necesidades, pero los recursos son los mismos. ¿Cuál es la solución? Muy sencillo: tomar los recursos de las escuelas con menor número de alumnos inmigrantes en P-3 y destinarlos a las escuelas con un número mayor.
¿No se podrían contratar más personas? ¿Hay que favorecer unos centros a costa de otros? ¿Es imprescindible que para defender los derechos de los recién llegados se prive a nuestros hijos del derecho de conocer su propia lengua? ¿Son nuestros hijos ciudadanos de segunda? ¿No se pueden armonizar los derechos de unos y otros?
Lástima que nuestros hijos no estén en edad de votar. Quizá ciertas decisiones no se tomarían.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de julio de 2003