Una tercera parte de los afectados por el síndrome Ardystil anunciaron ayer que recurrirán la sentencia de la Audiencia de Alicante para que se amplíe la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana y se condene a las multinacionales químicas que quedaron exculpadas en el proceso. Rocío Mataix, abogada de 20 de los 64 afectados, explicó que el recurso que prevén presentar ante el Tribunal Supremo persigue que se amplíe la responsabilidad del Gobierno valenciano, que deberá indemnizar a los afectados, a todas las aerografías en las que se desarrolló la enfermedad laboral. Tras la sentencia de la Audiencia de Alicante, la Generalitat sólo es responsable civil subsidiara por la actuación negligente del inspector de Trabajo Alfredo Ortolá, condenado a seis meses de prisión, por su visita a la empresa Ardystil, a cuya dueña, Juana Llácer, se le ha impuesto un pena de seis años. La abogada señaló que aunque la sentencia es satisfactoria, "no es del todo completa".
El resto de afectados, que representa el abogado Alfonso Gisbert, no han decidido si van a recurrir. El único denunciante que encargó su caso al abogado Francisco Pascual dijo ayer que no recurrirá el fallo al Tribunal Supremo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de julio de 2003