Por primera vez desde el final de la dictadura militar, un grupo de ocho generales que integró el alto mando del general Augusto Pinochet reconoció que se cometieron violaciones de los derechos humanos y se realizaron exhumaciones ilegales de los cuerpos de los detenidos para hacerlos desaparecer. En una declaración que entregaron ayer en La Moneda al ministro del Interior, José Miguel Insulza, los militares, todos en retiro en la actualidad y varios de ellos implicados en los juicios que siguen los parientes de las víctimas, criticaron estas prácticas, que "no pueden volver a repetirse".
Según sostienen en el texto, "cualesquiera sean las condiciones bajo las cuales se efectuaron las exhumaciones, éstas constituyen acciones que no corresponden con el recto proceder que debe orientar la conducta de un militar". Las califican de acciones "acreedoras al reproche", además de los recursos legales que puedan ejercer los parientes de las víctimas.
Insulza valoró positivamente la declaración y destacó la importancia de que los mandos anteriores "reconozcan su responsabilidad". Los generales lamentan en el texto "el dolor que estos hechos han producido". En la única alusión a su responsabilidad personal en los hechos en una institución de formación prusiana como el ejército chileno, "reconocen -en lo que nos compete- la existencia de problemas en materia de derechos humanos, los que no pueden volver a repetirse". Sostienen también que muchos de los que han sido citados a declarar por la justicia sufren una injusta estigmatización, "incluidos nosotros mismos", aunque afirman que seguirán concurriendo a los tribunales y dicen respaldar la legalidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de julio de 2003