El actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno intenta aprobar por vía de urgencia, aprovechando el relajo vacacional de la opinión pública, permite el acceso del Área de Trabajo y Asuntos Sociales a los datos de los padrones municipales sobre inmigrantes, hasta ahora protegidos, como prueba de su situación irregular en España.
De ese modo, los inmigrantes empadronados en situación irregular no podrán ni siquiera ver admitidas a trámite sus solicitudes de permiso de trabajo y residencia desde España. Esto es, que el empadronamiento, de ser un derecho y un modo de facilitar el acceso a servicios básicos, pasaría a ser la prueba para la condena a una irregularidad sostenida indefinidamente.
Esta nueva vuelta de tuerca, además de atentar contra la Ley Orgánica de Protección de Datos, provocará que muchos inmigrantes no se empadronen, haciéndoles esconderse atemorizados, dejándoles sin acceso a la educación de sus hijos, a la atención de salud y creando una bomba sanitaria de consecuencias impredecibles. La oposición no parece estar dándose suficiente cuenta de la gravedad de esta medida, y son ya escasos los días que quedan para la presentación de enmiendas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de julio de 2003