El Instituto Catalán de Finanzas (ICF), entidad de crédito de la Generalitat, se ha convertido en toda una máquina de subvenciones públicas. El Gobierno catalán utiliza cada vez más al ICF con esta finalidad, según se desprende de la memoria explicativa del instituto correspondiente al cuarto trimestre de 2002. El año pasado, la Generalitat echó mano del ICF para dar subvenciones por valor de 83,9 millones de euros, un 63,2% más que el año anterior.
En 2002, el Instituto Catalán de Finanzas formalizó 893 operaciones de crédito, el doble que el año anterior. El importe total de estas operaciones no llegó a duplicarse, pero casi: alcanzó 445,49 millones de euros frente a los 244,93 millones de 2001.
Este salto espectacular es la guinda que culmina una evolución de la actividad claramente al alza desde los años ochenta (véase cuadro de la página 5), y coincide con el objetivo de potenciar el ICF, del que ha hecho bandera Francesc Homs desde su llegada al Departamento de Economía y Finanzas al inicio de 2001. Una quinta parte de los préstamos concedidos por el ICF en 2002 fueron a parar al sector sanitario y de asistencia social. Muy por detrás le siguen, como destinatarios, las empresas químicas, la propia Administración pública, las industrias manufactureras y las del sector del metal.
Pero el ICF, cuya junta de gobierno tiene a Josep Molins como consejero delegado desde hace más de un año, no sólo se limita a dar préstamos a entidades públicas o privadas, cuyos titulares deben devolverlos religiosamente.
Tal como explica la Sindicatura de Cuentas en sus informes sobre el ICF de 1998 y 1999, no todos los préstamos otorgados por la entidad crediticia funcionan del mismo modo. De muchos de ellos responde la propia Generalitat.
A requerimiento de la oposición socialista, el Parlament dio luz verde a una resolución (la 1601 / VI, de octubre de 2002) en la que, entre otras cuestiones, pedía al ICF que en los informes trimestrales que envía a la Cámara desglosara este tipo de préstamos, además de la morosidad que ha asumido cada uno de los departamentos del Gobierno catalán. Así acaba de hacerlo el ICF, y su informe entraña alguna sorpresa.
Cuestión de garantías
Por una parte, existen los préstamos llamados con dotación presupuestaria. En esta clase de préstamos, que cuentan con la garantía de algún departamento de la Generalitat, si el titular del préstamo no puede pagarlo, el departamento en cuestión se hace cargo del pago. Estos préstamos garantizados ascendían el pasado 31 de diciembre a la cifra de 75,3 millones de euros. Esta cantidad era menor de la que se registraba justo un año antes: 98,39 millones.
Sin embargo, las carteras de otro tipo de préstamos -los llamados préstamos con afectación de ingresos y los llamados préstamos con garantía departamental, que son de facto una subvención pública- sí crecieron, y mucho, en 2002 respecto al año anterior. Sobre todo los destinados al sector privado.En la memoria del Instituto Catalán de Finanzas enviada al Parlament consta que los préstamos con afectación de ingresos, que son partidas de dinero que la Generalitat ha concedido a una entidad pública o privada para que ésta realice una determinada inversión y que el ICF anticipa a través de un préstamo, pasaron de 31,15 millones de euros a 42,23 millones en un solo año.
Estos anticipos de subvenciones tienen como garantía "la prenda, la domiciliación bancaria irrevocable o la cesión de crédito a favor del ICF sobre contratos, facturas o derechos de cobro documentados de los que se derivan flujos económicos, que se destinarán necesariamente a amortizar anticipadamente los préstamos", especifica la memoria del instituto.
Por otra parte, los préstamos otorgados a entidades diversas con garantía departamental, de cuyas obligaciones económicas (capital , intereses y comisiones) se hace cargo la Generalitat y que la Sindicatura de Cuentas define en su informe de 1999 como "la financiación de un tipo de subvención para una finalidad concreta", aumentaron de 12,2 millones a 19 millones en el caso de los beneficiarios públicos. En el caso de los destinatarios privados, estos préstamos prácticamente se triplicaron.
Las entidades privadas fueron destinatarias de este tipo de préstamos por un valor de 7,8 millones en 2001. La cantidad dio un salto muy importante en 2002, hasta 22,6 millones.
El Departamento de Economía y Finanzas explica que este salto en el caso del sector privado se explica porque se partía de una cantidad relativamente modesta. Añade también que cuando se habla del sector privado no se trata tanto de empresas como de entidades -consorcios o fundaciones- en las que participa la propia Generalitat, y que, en todo caso, estos préstamos deben enmarcarse en el nuevo impulso estratégico que Francesc Homs ha querido darle al ICF.
Un problema de velocidad
El consejero de Economía "siempre ha manifestado su determinación de potenciar el ICF hasta convertirlo en una robusta entidad de crédito público. De ahí el aumento importante de las operaciones realizadas".
El Departamento de Economía explica también que los préstamos del ICF son un instrumento adecuado cuando se quiere dar una subvención "por la lentitud con que a veces llegaría el dinero de los departamentos".
Por lo que respecta a la morosidad (equivalente al 1,7% de la cartera de riesgo), afecta en particular a dos departamentos de la Generalitat. En primer lugar, destacan los 8,8 millones de euros correspondientes al de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo (que ha asumido un importe de 498.019,33 euros) y los 3,84 millones correspondientes a Cultura (que ha asumido 744.540,23 euros).
En total, a finales de 2002 la cartera de préstamos del ICF se elevaba a 773,71 millones de euros, con un riesgo vivo para avales de 56,43 millones. Los activos considerados dudosos ascendían a 14,69 millones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de julio de 2003