El juzgado número 2 de Dénia investiga a Federico Cervera, representante legal de Baleària, por supuesto delito de falsedad en documento mercantil. Este juzgado instruye la querella contra el presidente de Baleària, Adolfo Utor, y otros siete directivos por supuesta estafa. El fiscal acusa a los imputados de urdir una trama (indemnizaciones millonarias por despidos y cobro ilegal de prestaciones de desempleo) para controlar la naviera.
La titular del juzgado número 2 de Dénia ha acordado deducir testimonio al representante legal y consejero delegado de Baleària, Federico Cervera, por un supuesto delito de falsedad en documento mercantil. Las diligencias, a instancias del fiscal, se derivan de una querella inicial presentada por Baleària contra dos ex trabajadores por supuesta apropiación indebida de un billete de la compañía. El juzgado decretó el archivo de esta denuncia y, paralelamente, acordó abrir una investigación contra el representante legal de la compañía por supuesta falsedad en relación con billete aportado. Los letrados de la naviera han declinado valorar la iniciativa del juzgado, porque no es firme y el querellado no ha sido citado.
La querella del representante legal de Baleària a los dos ex trabajadores se produjo a raíz de la denuncia de éstos empleados, Victoriano Salayero, antiguo socio mayoritario de Flebasa, y dos accionistas generales, con Utor y otros siete directivos más por supuesta estafa en la creación de Baleària, que en 1998 sucedió en el negocio a la mercantil Flebasa. La juez ha concluido la prácticas de las diligencias de la querella contra Baleària. En su escrito de calificación inicial, el fiscal pide 3 años de cárcel para Adolfo Utor por dos delitos de estafa.
El juzgado, que cautelarmente ha suspendido la libre transmisión de las acciones de los imputados, acaba de rechazar sendos recursos de las defensas. El primero era una cuestión prejudicial [administrativa]. Esta parte sostiene el proceso penal está "íntimamente ligado" a una resolución administrativa, en concreto, un acta de la Inspección de Trabajo en que se consideraban ilegales el cobro de unas prestaciones de desempleo por los acusados por ser consecuencia de despidos ficticios. Para esta parte, la vía administrativa está inconclusa, ya que el TSJ no se ha pronunciado y, además, ha dictado un auto de suspensión cautelar del acta de Trabajo. El juzgado desestima el recurso, "porque, sin perjuicio de lo que un día se resuelva, el hecho de la sentencia del TSJ desestime el recurso interpuesto, y confirme la sentencia del juzgado de lo social, no afecta a lo que aquí se dilucida". El segundo recurso que el juzgado no admite es el referido a la impugnación del auto de procedimiento abreviado.
Adolfo Utor, que ha renunciado a su cargo en la ejecutiva del PSPV hasta la resolución del proceso, se enfrenta a otra batalla jurídica, en este caso por la vía civil, donde se dilucida la legalidad de la conversión de la mercantil de sociedad laboral a anónima. Los demandantes en esta vía -los mismos que en la penal- ya han arrancado tres sentencias favorables que suspenden sendos acuerdos de la junta general de accionistas.
La junta general de Baleària acordó la descalificación como sociedad laboral el 29 de junio de 2001. Este acuerdo fue recurrido al juzgado por los querellantes al considerar que puede ser ilegal, al estar en discusión la condición de trabajadores de cuatro socios laborales, entre ellos Utor y Cervera, en base a una sentencia de un juzgado de lo social de Alicante. Este fallo está recurrido al Tribunal Superior de Justicia. La juez ha dejado en suspenso el procedimiento contra la descalificación de Baleària a la espera de la decisión del TSJ, "una cuestión esencial" para entrar en el fondo del asunto. Baleària sostiene que la conversión de la sociedad "es legal y operativa" precisamente porque el recurso está suspendido.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de julio de 2003