Las mínimas dudas que quedaban sobre si Alfredo Galán Sotillo, de 26 años, era el asesino del naipe, tal y como él mismo había confesado, se disiparon en la tarde del sábado. Los laboratorios de la Policía Científica confirmaron que el casquillo que le fue requisado en su domicilio de Puertollano (Ciudad Real), municipio donde se entregó a la policía, había sido disparado por el arma usada en los seis homicidios que se le imputan.
Los agentes de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía y de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid no podían ocultar ayer su alegría al comprobar que habían hallado la prueba pericial necesaria para inculpar a Galán Sotillo de todos los homicidios que dijo haber cometido, cuando se entregó la tarde del jueves pasado en la localidad manchega de Puertollano, de donde es natural. A pesar de la cantidad de datos, muchos de ellos sólo conocidos por los investigadores, el caso sólo se podía cerrar con una prueba científica.
La policía encontró en el registro del domicilio del asesino confeso un casquillo percutido, pese a que la bala no había salido de la vaina. Debió de fallar al intentar disparar. El propio homicida se quedó sorprendido cuando los investigadores rebuscaban entre sus efectos personales y hallaron este cartucho. Llegó a decir que cómo se le podía haber pasado eso. De hecho, hace más de un par de meses se había desecho de la pistola, una Tokarev del calibre 7,62, arrojándola a un contenedor de basura en un calle cercana a su casa. También acabó con los recortes de prensa que había acumulado de todos los homicidios que había perpetrado entre el 24 de enero y el 18 de marzo.
Ese pequeño fallo se ha convertido en determinante para cerrar el caso o, cuando menos, para que no existiera la mínima duda de su autoría. El cartucho percutido fue analizado el pasado sábado por los especialistas de Policía Científica, que lo compararon con otros los recogidos en otros dos crímenes, en los que el asesino no tuvo tiempo de recuperar las vainas. Se trata del primero que se le imputa, ocurrido el 18 de enero en el número 89 de la calle de Alonso Cano, del distrito madrileño de Chamberí. Allí mató de un tiro en la cabeza al portero de la finca, Juan Francisco Ledesma, de 50 años. A pesar de estar dentro de la vivienda de su víctima, sólo con el hijo de dos años del asesinado, el homicida confeso no recogió el casquillo, lo que se ha convertido ahora en una prueba determinante.
Bar Rojas de Alcalá
El segundo crimen en el que tampoco recogió los casquillos fue el perpetrado en el bar Rojas, en la calle del Río Alberche de Alcalá de Henares, cuando mató al hijo de la dueña, Mikel Jiménez Sánchez, de 18 años, y a Juana Uclés López, una clienta de 57 años, que acababa de entrar a llamar por teléfono. A ambos les asestó sendos disparos en la cabeza, lo que les costó la vida en el acto. También dejó herida grave a la propietaria del local, Teresa Sánchez García, de 38 años. Le disparó en la parte izquierda del tórax, el muslo izquierdo y la parte derecha del codo.
El asesino del naipe también salió de forma precipitada en este crimen y no recuperó ningún casquillo. Los agentes de Policía Científica y de Homicidios recogieron los cinco casquillos percutidos que ahora han servido para la comparación pericial.
La Policía Científica efectuó el cotejo, una prueba que consiste en ver si los casquillos recogidos y el hallado en el domicilio tienen las mismas marcas, ya que cada pistola, a pesar de ser del mismo calibre y fabricante, deja unas muescas distintas e inimitables tanto en la bala que sale disparada como en la vaina. En este caso, el cartucho incautado coincide plenamente.
El asesino fue conducido a las 13.30 a Puertollano para ser puesto a disposición de la titular del juzgado número 1 de esta localidad, que estaba de guardia cuando se entregó Alfredo Galán el pasado jueves. Los policías concluyeron las diligencias a primera hora de ayer y su principal conclusión es que Alfredo Galán decía toda la verdad y había sido el autor de los seis crímenes que confesó.
La juez de Puertollano Isabel Sánchez decretó ayer por la tarde el ingreso en prisión incondicional de Alfredo Galán, que fue conducido a la prisión de máxima seguridad de Herrera la Mancha, en Manzanares (Ciudad Real). El homicida confeso prestó de nuevo declaración ante la juez durante tres horas y media, durante las cuales se mostró "muy tranquilo y se ratificó en todo lo dicho anteriormente", según manifestó su abogada de oficio, Rosa María Urraca. Tras decretar la prisión, la juez Isabel Sánchez se inhibirá probablemente en favor del juzgado de instrucción número 10 de Madrid.
Un inocente imputado
La prueba de cargo confirmada ayer por la policía abre una gran incógnita dentro de los asesinatos del naipe. Cuatro días antes de las pasadas elecciones municipales y regionales fue detenido el vecino de Alcalá de Henares, Francisco Javier A. T., de 26 años, como supuesto autor del doble homicidio del bar Rojas.
Los mandos policiales fueron los que se empeñaron en su detención, tras un mes y medio de un férreo seguimiento. Entonces los investigadores de Homicidios se mostraron recelosos del arresto. Pidieron más tiempo, pero no le fue concedido. La proximidad de las elecciones exigía resultados rápidos cara a la opinión pública. Pero algo fallaba, como se ha demostrado ahora. La única prueba de cargo con la que contaban los investigadores era un reconocimiento fotográfico de una testigo de cargo. Se trataba de la dueña del bar Rojas, que lo identificó a través de las imágenes que captaron los especialistas en vigilancias. Esta testigo se reafirmó en la rueda de reconocimiento practicada en el juzgado, dos días después de su detención.
El resto de eventuales pruebas falló estrepitosamente. No se halló el arma homicida. El detenido tenía coartada: supuestamente estaba con su hermano en el bar que regenta la familia en el centro de Alcalá. Tampoco se le podía relacionar con el resto de homicidios a pesar de que estaban perfectamente enlazados, ya que fueron cometidos con el mismo arma, una Tokarev del calibre 7,62. La juez de Madrid decretó su ingreso en prisión, pero fue puesto en libertad a las pocas semanas, dada la inconsistencia de las pruebas.
Ahora, surgen varias preguntas. El vecino de Alcalá fue puesto en libertad sin fianza y con cargos. ¿Se mantendrá esta circunstancia al tener a un asesino confeso? ¿Se pedirán responsabilidades a los mandos policiales por su actuación? Todo queda por el momento en el aire.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de julio de 2003