El Ministerio del Interior ha decidido, definitivamente, no enviar el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado 25 de junio reclamó el texto para someterlo a revisión, al entender que afecta a la tutela judicial de derechos fundamentales. El departamento de Ángel Acebes entiende exactamente lo contrario -así lo dice en el preámbulo del texto- y sugiere que el Poder Judicial quizás ha incurrido "en un error de apreciación". Además, alega que ya no tiene sentido remitírselo, una vez que el texto está en el Congreso y mañana mismo va a ser defendido en pleno por el propio Acebes.
"Las modificaciones recogidas no afectan ni al catálogo de derechos ni a la estructura de la ley orgánica 4/2000, reformada por la ley orgánica 8/2000", se dice en el punto cuarto de la exposición de motivos de la reforma. Éstas son las razones por las que Interior no ha enviado el texto al Poder Judicial (ni al Foro de la Inmigración), para la preceptiva (que no vinculante) consulta. "Es que no afecta a la tutela judicial de derechos, un criterio que ha sido avalado por el informe del Consejo de Estado, al que sí se le ha enviado", asegura Interior.
Este criterio choca con el del Poder Judicial, para el que debe someterse el proyecto a su consulta al afectar a "aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales". El órgano de gobierno de los jueces aprobó la reclamación por 19 votos a 2.
En vigor en enero
El texto fue remitido al Congreso nueve días antes de dicha petición y fue calificado al día siguiente. El Gobierno quiere que sea aprobado por la vía de urgencia y que entre en vigor en enero. Los grupos políticos tuvieron de plazo hasta el viernes para presentar enmiendas a la totalidad, ya que mañana Acebes defenderá el texto en el pleno del Congreso. Para presentar reformas al articulado aún hay plazo hasta el 2 de septiembre.
El PSOE ya ha decidido no presentar enmiendas a la totalidad. Consuelo Rumí, secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, asegura que se ha adoptado esta decisión "por responsabilidad y voluntad de abordad con seriedad el tratamiento de la inmigración e intentar, una vez más, un consenso sobre las modificaciones legislativas al que el Gobierno siempre se ha mostrado reacio". No obstante, los socialistas sí presentarán "un importante número de enmiendas parciales", ya que el proyecto, según Rumí, "necesita cambios sustanciales" para que puedan apoyarlo. "Ahora le toca al Gobierno demostrar su capacidad de diálogo y flexibilidad", agrega.
[La Guardia Civil interceptó ayer en Adra (Almería) una embarcación neumática con 36 inmigrantes marroquíes a bordo, siete de ellos menores de edad. La lancha fue apresada a 37 kilómetros de la costa].
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de julio de 2003