Hong Kong se enfrenta, con buena parte de su población en pie de guerra, a una de las decisiones más polémicas desde que dejó de ser colonia británica para convertirse en Región Administrativa Especial de la República Popular de China, el 1 de julio de 1997. Para el miércoles estaba previsto que el Parlamento local aprobara la polémica ley anti-subversión, más conocida como Artículo 23, que ha levantado ampollas desde que en septiembre pasado el Gobierno abrió un periodo de tres meses de consulta pública sobre la ley. Sin embargo, ha sido tanta la oposición, con graves desacuerdos en el seno del propio Ejecutivo, que el Gobierno de la ex colonia anunció anoche, por sorpresa, el aplazamiento de la decisión parlamentaria "para poder explicar mejor al público durante unos días las reformas legales".
La oposición al Artículo 23 deriva de que se considera un golpe brutal a las libertades de expresión, manifestación y asociación que goza Hong Kong, el principal beneficio obtenido por los seis millones de hongkoneses del acuerdo chino-británico que permitió la reunificación pacífica con China. Los oponentes a la nueva ley sostienen que viola ese acuerdo y el principio de "un país, dos sistemas", bajo el que se organizó la reunificación.
"No continúe menospreciando la opinión pública", espetó ayer a Tung Chee-hwa, jefe del Ejecutivo de Hong Kong, Richard Tsoi, uno de los dirigentes del Frente para los Derechos Humanos y Civiles, al exigirle que retire la ley. El frente sacó a la calle el pasado día 1 a casi medio millón de personas opuestas a esa norma.
Tsoi reconoció que las enmiendas introducidas por Tung el pasado sábado "son muy importantes", pero, según informó la agencia Reuters, las considera "insuficientes". Con empresarios, intelectuales y periodistas visceralmente en contra del Artículo 23 y la opinión pública cada día más activa contra su promulgación, Tung decidió el sábado plegarse y enmendar los tres puntos más conflictivos de la ley: se retira una cláusula que permitía proscribir organizaciones locales afiliadas a otras "prohibidas en el resto de China". Se elimina también el apartado que permitía a la policía realizar registros sin una orden expresa y se garantiza protección a los periodistas que publiquen información clasificada.
En Pekín, la agencia oficial Xinhua emitió un pequeño comunicado en el que se aplaudían como "apropiadas" las enmiendas introducidas por Tung, al tiempo que instaba a la sociedad y los parlamentarios de Hong Kong a "completar la legislación en el tiempo previsto". El inmediato apoyo de Pekín a los cambios introducidos por Tung estaba aparentemente ligado a que el primer ministro chino, Wen Jiabao, fue testigo del malestar reinante en Hong Kong durante el acto conmemorativo del 6º aniversario de la reunificación, borrado por la marcha de medio millón de personas en contra del Artículo 23.
La misma prensa de Hong Kong, que ahora teme ser amordazada, señaló que la manifestación era el "símbolo" del descontento contra Tung por la situación económica, por la forma en que el Ejecutivo ha hecho frente a la ya erradicada epidemia de neumonía atípica, contra su debilidad para oponerse a los designios del Partido Comunista Chino (PCCh) y contra su falta de atención a la opinión pública.
Anoche, y tras la dimisión de James Tien, del Partido Liberal, aliado de Tung en el Gobierno, el Ejecutivo de Hong Kong paralizó, de momento, el trámite parlamentario.
La decisión de promulgar el Artículo 23 viene amparada, en parte, por la lucha desatada por el Gobierno de Pekín contra Falung Gong, una práctica de origen budista que, a finales de la década pasada se extendió como un incendio por toda China, donde tenía decenas de millones de seguidores. Las críticas de Falung Gong al PCCh desataron la persecución sin cuartel del régimen que la declaró una "secta satánica". Falung Gong es legal en Hong Kong, donde sigue teniendo numerosos adeptos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de julio de 2003