¿España está llamada a imitar el modelo federal canadiense, tal y como apuntan algunos socialistas catalanes? El embajador de Ottawa en Madrid, Alain Dudoit, cree ver más similitudes que diferencias entre ambos países y dice que aunque los modelos no pueden ser traspasados, el debate español le recuerda mucho al que existía en Canadá hace 10 o 15 años. Alain Dudoit precisa que Canadá ha resuelto satisfactoriamente cuestiones como la concertación y coordinación entre las regiones. A modo de ejemplo, cita los encuentros periódicos que mantienen los ministros de Educación de cada provincia o autonomía y apunta que el sistema garantiza la participación de todas ellas en el plano internacional a través, claro está, de la delegación canadiense. "Parte de los informes que hacemos en la embajada se remiten a los Gobiernos de todas las provincias. Desde aquí, nosotros prestamos toda nuestra ayuda a las provincias que quieren abrir una delegación en España", indica.
El Estado quebequés es obra conjunta de secesionistas y liberales federalistas
En general, el modelo español es equiparable y, en algún caso, superior al canadiense
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Como afirma el embajador canadiense, es posible, quizás, aplicar algunas fórmulas, pero difícil y complicado tratar de traspasar los modelos. Constitucionalistas españoles que conocen bien el sistema federal canadiense cuestionan, incluso, que Canadá ofrezca una autonomía superior a la del Estado de las Autonomías español. "Tenemos poco que envidiar de Canadá, aunque es bien cierto que las provincias canadienses tienen una mayor participación en los asuntos internacionales. En eso han ido más lejos, evidentemente, pero, en general, el modelo español es equiparable y en algún caso, superior al canadiense porque el Concierto Económico vasco, por ejemplo, no tiene punto de comparación", señala el profesor Juan Bilbao.
No es una opinión aislada. "Yo parto de la idea de que el Estado de las Autonomías es asimétrico porque no es lo mismo la autonomía de Castilla que la de Navarra", afirma Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional. "En cierta manera", añade, "algunas de las cosas que reclaman los secesionistas quebequeses ya las tenemos aquí. Por ejemplo: el sistema constitucional español recoge expresamente la singularidad vasca".
Como es lógico, el comentario de que el socialismo catalán está interesado en el federalismo de Canadá suscita reacciones de sorpresa en los ambientes secesionistas quebequeses. "Canadá está enfermo, el federalismo es incapaz de responder a las necesidades de Quebec", señalan en un tono fatigoso que no invita mucho a la discusión. Y, a cambio, en abierta paradoja con el entusiasmo que el nacionalismo vasco despliega hacia Quebec, los independentistas más informados de este país se admiran de la soberanía fiscal y tributaria vasca. "Lo que nos gustaría es un sistema asimétrico como el que tienen ustedes y no el 'café para todos' federalista. Muchos quisiéramos tener un estatuto particular, como provincia fundadora de Canadá, pero todos los intentos han fracasado hasta ahora, porque habría que modificar la Constitución y eso supone destapar la caja de los agravios interprovinciales", indica el profesor Louis Balthazar.
Se comprende ese interés si se tiene en cuenta que el Partido Quebequés (PQ) afirma en sus documentos oficiales que el soberanismo significa, en primer lugar: poder recaudar los impuestos generados en su territorio; segundo: poder elaborar las leyes que se apliquen en Quebec y, tercero: conseguir que los acuerdos y tratados internacionales sean negociados por el Gobierno de Quebec y aprobados por su Asamblea Nacional. La competencia exclusiva en la recaudación de los impuestos, que ahora comparten con el Gobierno federal, constituye pues un elemento cardinal del proyecto independentista. El diputado del PQ, Daniel Turp, y otros soberanistas como él no dudan un instante en admitir que Euskadi ocupa la tercera plaza en el ranking internacional de las autonomías, "algo por detrás de Quebec y de Bélgica".
Una diferencia clave es que, al contrario que en España, en Canadá no hay ningún impedimento legal para que Quebec o cualquier otra provincia convoque un referéndum, así que este tipo de iniciativas no constituyen un desafío constitucional. Como sostiene el profesor quebequés Louis Massicotte, la Constitución canadiense es muy centralista aunque, en la práctica, sea, junto al belga, el sistema más descentralizado del mundo. "Es difícil", explica, "que haya una mentalidad integradora porque las provincias de Canadá existían antes de la formación del Estado y tenemos una vida en común muy corta de 135 años". Los sucesivos Gobiernos federales han tratado de conciliar las dinámicas divergentes posibilitando interpretaciones flexibles de la Constitución. "La policía provincial de Quebec y de Ontario es, en realidad, una cesión de hecho, sin reforma constitucional", dice Alejandro Saiz Arraiz, catedrático de Derecho Internacional.
La Administración de Justicia resulta enormemente compleja. El Tribunal Supremo, compuesto por nueve jueces, tres de ellos de procedencia francófona, nombrados por el Gobierno federal, es el encargado de interpretar la Constitución y de fiscalizar todas las leyes que surgen de las provincias. Éstas disponen, como última instancia judicial, de un Tribunal de Apelación, nombrado igualmente por el Gobierno federal, pero a partir de candidatos propuestos por el mundo judicial: colegios de abogados, universidad, etcétera. Según Alejandro Saiz Arraiz, los gobiernos provinciales únicamente intervienen en los tribunales inferiores. Sanidad y Educación son competencias exclusivas de las provincias, al igual que la gestión práctica del Medio Ambiente y la selección de la inmigración. Siempre dispuesta a asumir competencias que otras provincias no consideran prioritarias o interesantes, Quebec dirige su propia formación profesional y su fondo de pensiones.
"El federalismo canadiense tiene un elevado grado de complejidad y, a veces, no están claras las responsabilidades de cada cual", apunta Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Girona y ex presidente del Consejo Internacional de Estudios Canadienses. Eso conlleva discusiones y negociaciones interminables. "Larga vida al sistema federal que ha hecho de la necesidad virtud, y hoy es un ejemplo de equilibrio y concertación entre las distintas provincias", replican los federalistas. El Partido Liberal Quebequés (PLQ), que obtuvo el 60% de escaños en las pasadas elecciones regionales, poniendo así fin a ocho años de gobierno soberanista, aglutina a los quebequeses contrarios a la separación pero incluye a muchos "nacionalistas" que defienden enérgicamente la singularidad regional.
Uno de ellos, Benoit Pelletier, actual ministro de Asuntos Intergubernamentales de Quebec, afirma que los liberales quebequeses están por un Gobierno federal fuerte que asegure la presencia y la competitividad internacional de Canadá, pero se oponen a las tendencias centralizadoras. Nada más ocupar el Gobierno, el PLQ se ha dado prisa en reclamar una negociación sobre los desequilibrios fiscales que el Ejecutivo central de Ottawa juzga inexistentes y en exigir una mayor participación de Quebec en las áreas internacionales. "El PLQ y el Partido Liberal de Canadá (PL) son organizaciones distintas, aunque participen de un fondo filosófico común", aclara el ministro. "Nosotros somos un partido independiente", subraya, "no una sucursal, ni una filial".
Nadie lo pone en duda. La construcción del actual Estado quebequés, tarea que se inició en los años sesenta, es una obra conjunta de los secesionistas del PQ y de los liberales. Hay un reconocimiento mutuo explícito de la legitimidad de ambas opciones. Eso no es algo discutible en Quebec.
Mañana se publicará la tercera parte de este reportaje.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de julio de 2003