No hace falta recurrir a la doctrina: cuando una economía está al borde de la recesión, el más elemental sentido común aconseja no endurecer las políticas económicas de demanda y, si es posible, utilizarlas para evitar daños adicionales. La UE, sin embargo, sigue a estas alturas presa de unas limitaciones al crecimiento del déficit público que, de cumplirse a rajatabla, sumirían al conjunto de la eurozona en una profunda recesión. El Pacto de Estabilidad, que penaliza la superación de un déficit público del 3% del PIB, sirvió para disciplinar las economías tradicionalmente menos estables en las primeras fases de la Unión Monetaria. Ahora se ha convertido en una seria amenaza.
Portugal, Alemania, Italia y Francia lo han incumplido, y Holanda está a punto, no debido a la voluntad de sus gobiernos, sino como consecuencia de la intensa desaceleración de sus economías. Las dos primeras se encuentran en recesión, y las restantes apenas crecen. El conjunto del área monetaria se mantiene, según los últimos indicadores, estancada. Si se recortan gastos o se elevan impuestos la recesión dejará de ser una hipótesis. En ese contexto, cobran sentido las advertencias de instituciones como el FMI o el Banco de Pagos Internacionales. Confiar en que la recuperación de las economías llegará por sí sola o como consecuencia de la esperada reactivación de EE UU es una irresponsabilidad. La Comisión Europea ha vuelto a diferir ese escenario y, con los datos hoy disponibles, no es creíble la recuperación si no se manejan adecuadamente las políticas disponibles.
Ante la limitada capacidad de maniobra del Banco Central Europeo, el uso de la política fiscal es absolutamente legítimo. Especialmente en un país como Alemania, que ha generado la cultura de la convergencia en la estabilidad en la que se basó la transición al euro. Además, Alemania no deja de cumplir sus compromisos de transferir a las economías europeas menos desarrolladas (España, entre ellas) una parte importante de su renta. Por eso Berlín se irrita cuando Aznar da lecciones de ortodoxia sobre el déficit cero, que España no podría cumplir sin esas transferencias. Ha llegado la hora, no de suprimir, sino de reformar el Pacto, dotándolo de mayor flexibilidad y adaptabilidad a las circunstancias de cada país. Lo grave no es que Alemania lo incumpla, sino que su imposible cumplimiento termine por desacreditar los necesarios compromisos en la eurozona.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de julio de 2003