La administración central tendrá que dar permisos de trabajo y residencia a dos inmigrantes chinos a quienes se los denegó en 2002, después de declarar la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la "radical nulidad" de la decisión gubernativa.
La sentencia condenatoria considera que la actitud de la administración central, en una resolución de la subdelegación de Vizcaya, fue "jurídicamente temeraria", le impone el pago de las costas y le obliga a tramitar los permisos solicitados. El recurso lo presentó el empresario que realizó la oferta de trabajo a los dos ciudadanos chinos, para cubrir "una necesidad real de mano de obra extranjera" y la Sala ha estimado que esa oferta no incurría "en ninguna de las causas de inadmisión". La administración, al denegar los permisos, se saltó "total y absolutamente" el procedimiento establecido por la ley, asegura la sentencia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de julio de 2003