El Gobierno vasco quiere poner en marcha una Defensoría para la Igualdad de Hombres y Mujeres, un órgano al estilo del Ararteko, pero cuyo único cometido será el de investigar las quejas de los ciudadanos que se sientan discriminados por razón de su sexo. El ejecutivo tiene también la intención de modificar la ley electoral para que ninguno de los dos sexos tenga menos del 40% de las candidaturas en cualquier lista. El titular de este organismo dispondrá de amplios poderes para esclarecer las denuncias y elevar propuestas de sanción al Consejo de Gobierno.
El ejecutivo planea crear un órgano, al estilo del Ararteko, con el cometido de investigar quejas de discriminación por razones de sexo. Su titular será nombrado por el lehendakari por períodos de cinco años.
Si, por ejemplo, se demuestra que una empresa es culpable, ésta podría perder cualquier tipo de subvención que en ese momento recibe de las administraciones vascas.
La creación de esta Defensoría es una de las novedades que incorpora el anteproyecto de ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que en la actualidad ultima el Gobierno y que incluye una amplia batería de medidas en todos los ámbitos, desde el educativo al laboral, para terminar con la discriminación, lograr una igualdad real y facilitar que las mujeres sigan escalando posiciones.
La ley figura en el calendario legislativo aprobado por el Gobierno al comienzo de la actual legislatura y el lehendakari Juan José Ibarretxe se ha referido a ella en varias ocasiones como un motor del cambio social. El borrador del anteproyecto, al que ha tenido acceso este periódico, pretende situar a Euskadi al nivel de muchos de los países más avanzados en esta materia.
"La igualdad entre hombres y mujeres", se indica en la exposición de motivos del texto, "es una necesidad estratégica para la profundización en la democracia y para la construcción de una sociedad vasca más justa, cohesionada y desarrollada social y económicamente".
Sobre la Defensoría de la Igualdad, figura que ya existe en países como Canadá, Finlandia, Noruega o Suecia, recaerá gran parte del éxito de la futura ley. Según el anteproyecto, ejercerá sus funciones con plena autonomía y sin integrarse en la estructura jerárquica de la administración, aunque se adscribirá al actual Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, que con la aprobación de la ley cambiará de nombre y pasará a denominarse Instituto Vasco para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
Derecho de inspección
Podrá investigar, de oficio o mediante una denuncia, toda clase de acciones de personas y empresas de los sectores privado y público para descubrir si se ha producido algún tipo de discriminación. Para ejercer sus funciones estará autorizada a efectuar visitas de inspección a centros educativos, culturales, de empleo o cualquier otro perteneciente al sector privado sin necesidad de notificarlo previamente. La Defensoría contará con un titular y varios asesores y funcionarios. Tras sus investigaciones, elevará al Consejo de Gobierno sus propuestas de sanción. Según recoge el anteproyecto, las infracciones leves (dificultar la actuación de la institución) serán sancionadas con un apercibimiento y/o multa de hasta 600 euros. Para las graves, la sanción es de 6.000 euros y además se podría prohibir el acceso a ayudas públicas por un periodo entre uno y tres años. Mientras, las infracciones muy graves acarrearán multa de 30.000 euros y la denegación de subvenciones públicas por un plazo de entre tres y cinco años.
Además, el texto prevé la modificación de la Ley de Elecciones al Parlamento vasco para recoger una disposición que obligará a todos los partidos a conformar sus listas electorales teniendo en cuenta que ninguno de los dos sexos puede copar más del 60% de las candidaturas o tener menos del 40%.
Precisamente, el PP rechazó el pasado mes de abril en el Congreso la toma en consideración de tres proposiciones no de ley de PSOE, IU e Iniciativa per Catalunya-Verds para reformar la Ley Electoral General de 1985 con el objetivo de equilibrar la presencia de hombres y mujeres es las listas electorales.
Este asunto ya ha sido regulado por las comunidades de Castilla-La Mancha y Baleares y está pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Gobierno de José María Aznar. La Administración central entiende que las dos normas autonómicas vulneran varias disposiciones de la Constitución: las referentes a la competencia exclusiva que tiene el Estado para garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
En la actualidad, el PSE es el único partido de Euskadi que cumple sobradamente con la exigencia prevista en la norma vasca en el ámbito parlamentario, ya que el 46,2% de sus diputados son mujeres. La coalición PNV-EA cuenta con el 39,4%, el PP con el 31,6%, IU con un 33,3% y la ilegalizada Batasuna se queda en el 28,6%.
La entrada en vigor de la normativa en la comunidad autónoma también conllevará la creación en cada departamento del Gobierno vasco de una unidad administrativa encargada del impulso de todas las disposiciones previstas en la ley.
En los organismos autónomos y demás sociedades públicas se podrá crear una plaza de especialista en igualdad o asignar a una plaza ya existente esa responsabilidad. Las diputaciones también deberán habilitar medios materiales y humanos para disponer de estas unidades.
El reparto de las tareas domésticas
Aunque varias de las iniciativas que recoge el anteproyecto de ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres ya las ha puesto en marcha el Gobierno de Vitoria, como la concesión de la renta básica de manera automática a las mujeres que hayan sido maltratadas o la ampliación de ayudas a las empresas para erradicar el acoso sexual entre sus empleados, hay otras que tienen un carácter novedoso. Es el caso de la introducción de una asignatura en todos los niveles de la educación no universitaria que trate sobre aprendizajes para la vida cotidiana, como es el reparto de las tareas domésticas y el cuidado de las personas.
También se prevé liberar al profesorado para que se forme en las cuestiones y los problemas relacionadas con la igualdad.
Además de ejercer de acusación popular en los casos de malos tratos, el Gobierno contempla la posibilidad de conceder ayudas económicas a las personas que hayan sufrido algún tipo de lesiones como consecuencia de la violencia doméstica, independientemente de que automáticamente puedan pasar a cobrar el salario social. El anteproyecto señala la conveniencia de que la administración cree un fondo de garantía para solventar el impago de las pensiones, algo que ya solicitó recientemente el Parlamento vasco.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de julio de 2003