En plena crisis ética de la política (particularmente en Madrid), leo que el gobierno de Alcalá de Henares, del Partido Popular, ha contratado como asesora a la ex alcaldesa de Chinchón -también del Partido Popular, claro-, que está cumpliendo una condena de ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público, pena a la que le castigó el Tribunal Supremo por prevaricar, cuando ostentaba la máxima autoridad política municipal.
Pero, lo más sorprendente del caso, si es que de algo podemos sorprendernos ya, es que el puesto de trabajo a ocupar es de los denominados de confianza política. Es decir, que los gobernantes de Alcalá confían políticamente en una persona que ha sido procesada en toda regla por cometer un delito precisamente haciendo política. Como se ve, la antología del disparate engorda a pasos agigantados.
Si cualquiera de nosotros hubiera sido hibernado en la transición y despertara hoy, al leer la noticia creería que se trata sólo de un chiste o que la parte contratante sufre de algún extraño encantamiento maligno. Y si, después de comprobar que el asunto va en serio, leyera que el portavoz municipal trata de justificar la contratación de la reo, fabricando disquisiciones semánticas sobre la compatibilidad reglamentaria del caso, cualquiera de nosotros, recién deshibernado, pediría con urgencia una prórroga de la congelación hasta que la vida pública excluya de su manual práctico el "todo vale", y las cosas que ocurren en ella dejen de pasar de castaño oscuro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de julio de 2003