PSOE e IU votaron ayer en contra de la aprobación del plan de trabajo que iba a poner en marcha el próximo viernes la comisión de investigación solicitada por los tres grupos mayoritarios en la Asamblea de Madrid. Detrás de esta votación está el cúmulo de vetos impuestos por el PP. El tránsfuga Eduardo Tamayo, cuya comparecencia, al igual que la de María Teresa Sáez, habían solicitado PP, PSOE e IU, votó también en contra. Los socialistas solicitarán hoy mismo una nueva reunión de la Diputación Permanente para intentar salvar la comisión, que, salvo sorpresas, ha quedado prácticamente liquidada.
El portavoz del PSOE, Rafael Simancas, justificó el voto en contra de su partido argumentando que el calendario y las comparecencias admitidas por el PP son un "fraude a la Cámara y una tomadura de pelo a los ciudadanos". La comisión ha quedado así bloqueada, y su constitución se presume casi imposible si los populares insisten en no dar su brazo a torcer y el PSOE e IU se mantienen en su decisión de no aceptar tales vetos.
Antes de la votación en la Diputación Permanente que puede dar al traste con la comisión de investigación, el PP hizo valer su mayoría dentro de la mesa de la comisión para vetar a más de la mitad de los comparecientes solicitados por PSOE e IU. Los populares vetaron a 21 de las 36 personas que PSOE e IU habían solicitado para que declararan, entre ellas Manuel Cobo, Luis Eduardo Cortés, Paloma García Romero y Francisco Bastarreche. PSOE e IU, sin embargo, no votaron en contra de ninguno de los nombres propuestos por el PP. De los 12 altos cargos del PP solicitados, los populares sólo permitían la comparecencia del secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, y el ex alcalde de Alcorcón Pablo Zúñiga.
"El PP tiene terror a lo que pueda salir de esta investigación y por eso veta", aseguró Modesto Nolla, portavoz del PSOE en la comisión, antes de que se produjera el desenlace de la votación en contra dado el veto del PP. "El PP ha demostrado seguir el guión que escriben Tamayo y Sáez, las comparecencias han sido decididas por una mayoría ilegítima y el PP no hace más que ofrecer una plataforma de difusión a los tránsfugas", concluyó Nolla.
El portavoz del PP, Antonio Beteta, replicó que "el PSOE traía escrito el guión de una mala novela negra, de una presunta trama de corrupción", pero al final, dijo, se van a investigar "los problemas internos de la FSM, que es de lo que hay que dar cuenta a los ciudadanos de Madrid".
La sesión fue maratoniana: más de siete horas y media. Pero ya desde el principio se intuyó que el acuerdo alcanzado la semana pasada por los tres grupos mayoritarios no se vería reflejado en la primera sesión de constitución de la comisión. De entrada, el PP solicitó que las deliberaciones para decidir comparecientes, documentación y calendario se realizaran a puerta cerrada. PSOE e IU se negaron puesto que en el propio texto de petición firmado por los tres grupos parlamentarios se especifica que las sesiones serán públicas. Después, el PP quiso imponer que en las notificaciones que se envíen a los comparecientes se fije claramente sobre qué se les va a interrogar. PSOE e IU argumentaron que sería suficiente exponer el objeto de la comisión de investigación. Entonces comenzó el rosario de nombres incluidos en cada una de las listas propuestas por IU, PSOE y PP. La de los populares se aprobó íntegra, salvo el nombre del secretario de Organización socialista, Antonio Romero, que aunque estaba en la lista, finalmente no fue pedido. El resto de nombres, entre los que se encuentran ex alcaldes socialistas, la portavoz adjunta Ruth Porta y su marido, Enrique Benedicto Mamblona, se aprobó.
El portavoz del PP, Antonio Beteta, justificó los vetos de su partido en que "en la petición no se acreditaba la relación específica" de los llamados con la espantada de los diputados traidores del PSOE, María Teresa Sáez y Eduardo Tamayo.
Tras la votación, el trabajo de ayer no sirvió para nada. Habrá de volver a repetirse en otra sesión de la comisión que pacte otra lista de comparecientes, la documentación que se solicitará, así como el calendario de trabajo. Pero si las posiciones se mantienen inalterables, no habrá comisión de investigación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de julio de 2003