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El Gobierno cierra la reforma de la Forcem que se aplicará en 2004 con participación de las comunidades

El Consejo de Ministros analizará hoy un informe sobre la reforma del formación continua que entrará en funcionamiento a partir de 2004 y sustituirá a la Forcem. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, aseguró ayer que el nuevo modelo de formación continua será aprobado el próximo 1 de agosto, que en él han encontrado "acomodo razonable" las propuestas de los agentes sociales y que en su diseño no ha colaborado la Generalitat catalana. La reforma traslada a las empresas la formación de los empleados, que detraerán los gastos mediante bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social. Además, las comunidades autónomas formarán parte de la Fundación que releva al Forcem.

El texto que persigue acabar con las irregularidades de la Forcem y dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional en respuesta al recurso de la Generalitat catalana, no cuenta formalmente con el acuerdo de las comunidades autónomas, la patronal CEOE-CEPYME y los sindicatos CC OO y UGT. No obstante, los agentes sociales han logrado que Trabajo recoja parte de sus propuestas en los contactos mantenidos en los últimos días, y en la reunión que celebró en la tarde de ayer Zaplana con los líderes de esas organizaciones, José María Cuevas, José María Fidalgo y Cándido Méndez.

La organización de la formación continua será responsabilidad de las empresas y pueden realizarla con "medios propios, a través de las organizaciones empresariales o sindicales, o de centros especializados en formación".

El modelo de subvenciones vigente ahora se modifica y "las empresas se deducirán los costes directamente de las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social", que para el concepto de formación supone una cuota del 0,35% del salario. Las deducciones serán mayores cuanto menor sea el tamaño de las empresas.

A propuesta de los sindicatos, el texto recoge mecanismos de participación, seguimiento y control. Aunque las empresas asumirán la formación, tendrán que enviar comunicación previa a una nueva fundación compuesta por Administración, patronal, sindicatos y autonomías.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de julio de 2003