La Comunidad de Madrid, en su Boletín número 118, publicado el 20 de mayo de 2003, convocó un concurso para adjudicar nuevas oficinas de farmacia. En mi opinión, dicho concurso vulnera los principios de justicia y equidad que la misma Constitución proclama por diversos aspectos que comento a continuación:
En la baremación de méritos, el de más puntuación es el de ser ya propietario de una farmacia, lo que, en lugar de facilitar el acceso a nuevos farmacéuticos, se les condena al mercado libre de la especulación feroz producida por quienes luego tendrán las mayores garantías de ser los nuevos adjudicatarios. Parece, pues, una ley hecha para cerrar cada vez más el círculo de la "familia farmacéutica" e impedir que nuevos miembros accedan a ella.
Fomenta asimismo la especulación en la venta de farmacias, puesto que a un farmacéutico con antigüedad le es muy fácil conseguir una nueva.
Si todavía, joven licenciado, sigues pensando en presentar la solicitud, asumiendo que va a ser muy difícil que te la concedan, el último punto que te hace desistir de tu interés son las tasas de solicitud, abusivas e injustificadas, nada más y nada menos que de 514.78 euros en concepto de tramitación. Todo ello impide en la práctica que nuevos farmacéuticos sin recursos económicos puedan acceder algún día a estar al frente de una farmacia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de julio de 2003