La diputada del PSPV en las Cortes María José Mendoza afirmó ayer que la pretensión del Gobierno valenciano de potenciar la práctica de abortos en los centros públicos responde en realidad a un "claro intento de control económico" de la sanidad pública y a una "censura" de las interrupciones voluntarias del embarazo. Mendoza, además, subrayó como "problema muy grave" la existencia de "una objeción de conciencia generalizada en el sistema público de salud", además del "retroceso" que significa que en los últimos años haya aumentado el número total de abortos practicados y que, sin embargo, según denunció, las prestaciones públicas "hayan disminuido".
Así, Mendoza apuntó que en 1994 se practicaron 124 abortos en los hospitales públicos valencianos, mientras que en el año 2001, según los datos del Ministerio de Sanidad aportados por la diputada, sólo se realizaron 18. En cambio, la tasa de abortos en la Comunidad Valenciana ha aumentado un 8% desde en 1992 hasta la actualidad. Los socialistas creen que la pretensión de aumentar la práctica de abortos en los centros públicos se debe, en realidad, a un "claro intento de control económico" que, según Mendoza, "no responde a una potenciación del sistema público sino a una censura de un derecho".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de julio de 2003