El Defensor del Pueblo -institución de la que es titular Enrique Múgica- ratifica en un comunicado sus críticas a la aplicación de la orden de alejamiento de un marido que acabó matando en abril de 2002 a su mujer, Alicia Arístregui, quien varias veces le había denunciado. "La orden de prohibición de acercamiento a menos de 500 metros no fue comunicada a la Policía Municipal de Villava (Navarra) a pesar de residir la persona beneficiada en esa ciudad. Tuvo que ser la propia interesada la que dos meses después de dictarse la orden la pusiera en conocimiento de la mencionada Policía Municipal", decía el informe del Defensor del Pueblo recogido por este periódico el pasado día 2, y que ahora ratifica la institución.
El día 14 dos miembros del Consejo General del Poder Judicial negaron la existencia de falta alguna en la actuación del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, pese a que el Defensor del Pueblo había indicado que la prohibición de acercamiento no había sido comunicada a la Policía Municipal.
Asimismo la Fiscalía General del Estado comunicó al Defensor del Pueblo que "no existe constancia documental de las didiligencias previas" del juzgado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de julio de 2003