El Gobierno catalán aprobó ayer las alegaciones que presentarán al trazado del trasvase del Ebro y que en la práctica suponen enmendar la totalidad del Plan Hidrológico Nacional (PHN) pese a salir adelante en el Congreso de los Diputados con los votos de Convergència i Unió (CiU). El consejero de Medio Ambiente, Ramon Espadaler, reconoció que las alegaciones tienen un carácter "más político" que técnico.
"Nosotros negamos la mayor", manifestó Espadaler. O sea, que la Generalitat está en contra de la forma en que el Gobierno central ha empezado a poner en marcha el trasvase del Ebro "iniciándolo por el tejado". Pese a que el Ministerio de Medio Ambiente sólo ha puesto a información pública el trazado del trasvase -desde la toma de agua en Campredó (Tarragona) hasta su distribución por toda la costa mediterránea-, el Ejecutivo catalán ha presentado una retahíla de alegaciones que sobrepasan las meramente técnicas. El consejero Espadaler advirtió ayer que si el ministerio no introduce estas enmiendas al proyecto, la Generalitat recurrirá a los tribunales por la vía del Contencioso-administrativo. Y el conseller en cap, Artur Mas, aseguró que su Gobierno aprovechará cualquier trámite administrativo para "hacer valer sus posiciones".
Entre las alegaciones, el Ejecutivo de CiU se muestra contrario ahora a extraer del Ebro los 1.050 hectómetros cúbicos al año aprobados en la ley y que no enmendó en su trámite parlamentario. Asimismo, se reclama la presentación previa del plan de protección del Delta del Ebro y se advierte de la amenaza que el trasvase puede suponer para la supervivencia del parque natural.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de julio de 2003