El Tribunal Constitucional analizará el conflicto de competencias que ha suscitado la orden con la que el Ministerio de Economía aprobó los nuevos estatutos de Cajasur, la entidad presidida por el sacerdote Miguel Castillejo. El Tribunal decidió la semana pasada admitir a trámite la petición de la Junta de Andalucía, lo que deja un suspenso otro recurso que había planteado el Ejecutivo autonómico ante la Audiencia Nacional.
Economía dio el visto bueno en marzo a los nuevos estatutos que elaboró Cajasur tras la aprobación de la Ley Financiera, norma estatal que sustrajo el control administrativo de la entidad a la Junta para otorgárselo al Ministerio. Tras la Ley Financiera, el Ejecutivo andaluz promovió una modificación de la normativa autonómica para tratar de retener el control sobre la caja, que Cajasur obvió. Los nuevos estatutos fortalecen el poder de la Iglesia en la entidad (su representación en los órganos de gobierno pasa del 35% al 46%) y corroboran la presencia de un representante del Ministerio de Economía en la comisión de control, en sustitución del vocal que hasta entonces nombraba la Junta.
Más recursos
Además de dirimir este conflicto de competencias, el Tribunal debe pronunciarse también sobre una cuestión de inconstitucionalidad, elevada por un juez de Córdoba, por el artículo de la Ley Financiera que permitió la fuga de Cajasur. Este magistrado también consideró que el cambio de la norma autonómica para intentar retener a la entidad cordobesa puede vulnerar la Constitución al quererse aplicar de modo retroactivo sobre acuerdos (la adhesión de Cajasur a la norma estatal) que ya habían tomado los órganos de gobierno de la caja. La Junta también impugnó ante el Constitucional el artículo de la Ley Financiera que afecta a Cajasur, recurso admitido ya a trámite.
Otros aspectos del conflicto entre el Gobierno y la Junta por Cajasur llevan ya años sobre la mesa del Constitucional: el Ejecutivo central impugnó en 2000 la Ley andaluza de Cajas por eliminar los privilegios de la Iglesia, cuestión sobre la que, tres años después, el Tribunal no se ha pronunciado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de julio de 2003