La organización ecologista Greenpeace presentó ayer en Sevilla un informe jurídico que concluye acusando a las autoridades de Gibraltar de incumplir cuatro preceptos estipulados en la Convención de la Ley Internacional del Mar durante la detención y el posterior procedimiento iniciado contra un grupo de activistas y periodistas por una acción de protesta contra el buque Vemamagna. Esta embarcación actúa como una gasolinera flotante para abastecer de combustible a otros barcos en la bahía de Algeciras.
El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, pidió ayer el archivo del proceso y la devolución de las dos lanchas de la organización. En el informe jurídico se acusa a las autoridades de Gibraltar de arresto ilegal, incumplir el derecho del paso "inocente" de barcos, utilizar violencia en la detención y no fijar una fianza "razonable" para devolver los buques arrestados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de julio de 2003