El presidente argentino, Néstor Kirchner, firmó ayer la derogación del decreto aprobado en 2001 por su antecesor, Fernando de la Rúa, que impedía la extradición a países terceros de represores de la dictadura militar (1976-1983). Esta decisión abre la vía a la entrega a España de 45 ex militares y un civil, en respuesta a la petición del juez español Baltasar Garzón para juzgarlos por genocidio, terrorismo y torturas. Los jueces federales argentinos deben decidir ahora "caso por caso" sobre la situación judicial. Por ahora, se han practicado 25 detenciones.
El decreto de De la Rúa ordenaba rechazar los autos de detención con vistas a la extradición de militares argentinos sometidos a proceso en tribunes extranjeros. Garzón tendrá que enviar la documentación requerida a partir de que se hagan efectivas las detenciones. Uno de los imputados por Garzón, el ex agente de inteligencia y suboficial de la Prefectura Naval argentina Juan Antonio Azic, de 61 años -Claudio, Fredy o Piraña, como se le conocía en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en los años setenta- se disparó un tiro en la madrugada de ayer y por la tarde agonizaba en la sala de cuidados intensivos del hospital Naval de Buenos Aires.
El jefe del Gabinete de ministros del Gobierno argentino, Alberto Fernández; el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, y el de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, comparecieron ayer por la tarde en una rueda de prensa para anunciar la decisión del presidente Kirchner. "De este modo se reafirma la decisión del Poder Ejecutivo que en el tema de extradiciones debe intervenir y resolver la justicia", explicó Fernández. Para Béliz, el decreto resultaba "inadmisible con el Estado de derecho" porque concedía a los acusados un privilegio que violaba la necesaria igualdad ante la ley. El canciller Bielsa aclaró que, de todos modos, "la última palabra" sobre las extradiciones la tendrá el presidente.
Juan Antonio Azic, ex torturador del Grupo de Tareas que funcionaba en el campo de concentración de la ESMA, se sentó en la madrugada de ayer en un banco de la dársena del puerto de Buenos Aires, frente a la imagen de una virgen, dejó a un lado una carta en sobre cerrado, apoyó una pistola -de calibre nueve milímetros- debajo de la boca y disparó. Por la tarde se había enterado de que un juez federal argentino había ordenado su arresto preventivo a petición Garzón. Según el parte médico, Azic tiene una "herida facial por proyectil de arma de fuego que le causó la fractura del maxilar inferior, lesión en la lengua y en el piso de la boca, la sección del labio superior, la pérdida del ala izquierda de la nariz y daños en el paladar y un ojo".
El ex represor del centro clandestino de detención -que estuvo a las órdenes de oficiales de la Marina como Ricardo Cavallo, extraditado de México y a la espera del juicio oral en Madrid, Alfredo Astiz y Jorge Eduardo, el Tigre, Acosta- torturó, entre otros, a un niño de sólo 20 días de edad, el hijo de Gregorio Lordkipanidse; a Víctor Fatala y Lázaro Gladstein. En 1985 fue demandado por los cuatro casos, pero no fue procesado por la Ley de Obediencia Debida dictada en 1987.
El pasado año, el fiscal de uno de los juicios por la verdad que se siguen en todo el país le denunció nuevamente, junto con otros 12 integrantes de las Fuerzas Armadas, por "privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos, homicidios y apropiación fraudulenta de un inmueble", a raíz de la declaración del testigo Víctor Basterra, superviviente del campo de concentración que funcionó en la ESMA. Basterra dijo que Azic, además de torturarle a él y a otros detenidos, era parte del grupo que obligó a su madre a firmar un poder para quedarse con su casa con la promesa de que liberarían a su hijo.
El ex capitán de marina, Alfredo Astiz, también conocido como el ángel rubio, quedó también ayer detenido a disposición del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El Ministerio de Defensa argentino instruyó a los comandantes de las Fuerzas Armadas para que los imputados respondan al requerimiento del juez Canicoba. El ex general Antonio Bussi, ex gobernador militar y civil de Tucumán, que acaba de ser elegido alcalde de la capital de esa provincia, se presentó ayer en la sede del Estado Mayor del Ejército de Tierra. El prófugo ex teniente coronel retirado Luis Jorge Arias Duval, de 70 años, procesado en otras causas, fue capturado por efectivos de la Dirección de Unidad Investigaciones Antiterroristas. Los ex comandantes de la dictadura militar, Jorge Videla y Emilio Massera, y otros acusados sometidos a proceso por el robo de niños nacidos en cautiverio permanecían bajo arresto domiciliario por ser mayores de 70 años. El ex miembro de la Policía Aeronáutica Ernesto Weber y el único civil de la lista de acusados, el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, también han sido detenidos, así como los ex oficiales Armando Lambruschino, Jorge Isaac Anaya y Luis María Mendía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de julio de 2003