Los grupos de izquierda del Congreso argentino han pedido una sesión especial el próximo 12 de agosto para debatir en la Cámara baja la nulidad de las leyes exculpatorias de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas entre 1986 y 1987, que liberaron de proceso a más de 1.100 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983). Casi todas las detenciones reclamadas por el juez Garzón ya se han hecho efectivas. Dos oficiales han muerto, otro agoniza tras un intento de suicidio y un ex militar se ha declarado prófugo.
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Otros dos ex militares que aún no están detenidos anunciaron que se pondrían hoy en contacto con el juzgado para quedar bajo arresto. Las llamadas "leyes de impunidad" ya habían sido derogadas en 1999, pero sus efectos de amparo se mantenían hacia el pasado. En caso de ser anuladas, los acusados no podrán acogerse al beneficio de la ley más benigna y podrán ser juzgados nuevamente en el país. Todas las sesiones anteriores convocadas hasta ahora para discutir la nulidad de las leyes fracasaron. La diputada Graciela Ocaña, de la Alternativa para una República de Iguales (ARI), recuerda que en la última sólo consiguieron reunir "unos 43 diputados sobre los 129 que requiere el quórum".
El socialista Jorge Rivas asegura que ahora el clima es distinto: "Kirchner derogó el decreto que rechazaba de forma automática los pedidos de extradición y llegó el momento de discutir si los procesos deben seguirse ante tribunales extranjeros o si se borran los obstáculos para juzgarlos aquí". En conversación ayer con EL PAÍS, Ocaña y Rivas coincidieron en que ahora se dan otras condiciones. "Tal vez contemos incluso con el apoyo de la corporación militar, porque comprenden finalmente que los juicios deben hacerse en Argentina", puntualizó Rivas.
El ARI suma 20 diputados, y los socialistas, 8, pero Ocaña cree que esta vez van a contar con el apoyo de la mayoría oficialista. Rivas estima que también los radicales se van a volcar a favor, después de que el propio ex presidente Raúl Alfonsín admitiera hace tres semanas que los proyectos de ley fueron elaborados "bajo presión de las Fuerzas Armadas".
El juez español Baltasar Garzón dispone ahora de 30 días de plazo y otros 10 de prórroga para enviar la documentación completa que justifique su reclamo. En caso de que el Congreso anule las leyes, o el Supremo declare su inconstitucionalidad -cuando el tribunal se constituya nuevamente después de que concluyan los trámites de un juicio político que se sigue a uno de sus integrantes-, el trámite legal se retomaría en Argentina. Si las leyes siguen vigentes en el momento de tener que decidirse sobre si corresponde o no la extradición, los acusados podrían optar por un juicio en Argentina y recurrir la decisión del juez. Aun cuando el juez conceda la extradición, la última palabra es del Ejecutivo.
Muertos vivos
Mientras tanto, los muertos vivos de la historia argentina salieron de los armarios. Desde el pasado viernes se los ve pasar uno tras otro por el despacho del juez federal Rodolfo Canicoba, que les informa de las razones de su detención y de las condiciones del arresto preventivo; les devuelve a sus casas si son mayores de 70 años, los envía al hospital si comprueba el deterioro físico o los recluye en unidades militares.
Los ex generales, ex almirantes y ex oficiales de las Fuerzas Armadas, vestidos de paisano, pálidos, cegados por la luz, viejos, vencidos, no hablan, responden con monosílabos. Uno de ellos, el ex almirante Armando Lambruschini, no conocía al abogado defensor con el que había llegado al tribunal. "¿Quién es?", le preguntó al juez, que, aun cuando Lambruschini no ha cumplido todavía 70 años, le concedió el arresto domiciliario. Las víctimas -los que aún viven-, los familiares de los miles de ciudadanos secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos, los condenan con la mirada. Algunos marinos se entregaron el viernes en el edificio Libertad, la sede de la jefatura de la Armada, en el barrio del Retiro de Buenos Aires. El ex capitán de navío Alfredo Astiz, destituido de la Armada en 1998, se presentó solo y el juez ordenó su arresto en una base naval. Avisado de la detención de Astiz -la cuarta en los últimos 20 años-, el ministro de Finanzas de Francia, Francis Mer, de visita oficial en Argentina, dijo que los objetivos de la política de Kirchner "son todos constructivos y útiles". [El ministro francés de Justicia, Dominique Perben, pedirá a las autoridades argentinas la extradición de Alfredo Astiz, quien fue condenado por un tribunal de París en 1990 a cadena perpetua en rebeldía por el asesinato de las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, informa Efe].
Ayer se presentaron ante el juez los imputados del Ejército de Tierra, entre ellos el ex general Ramón Jenaro Díaz, considerado uno de los ideólogos de la dictadura. También, Antonio Domingo Bussi, el ex gobernador de Tucumán que acaba de ser elegido alcalde de la ciudad capital de la provincia, a quien se acusa de cientos de secuestros y asesinatos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de julio de 2003