El Gobierno presentó el viernes, por fin, su proyecto de reforma legal para autorizar la investigación con embriones humanos congelados, una medida que no sólo cuenta con el apoyo mayoritario de la comunidad científica internacional y las principales asociaciones de pacientes, sino que ha sido recomendada por dos grupos de expertos nombrados por el propio Ejecutivo: la Comisión Nacional de Reproducción Asistida y el Comité Asesor de Ética.
Mucho han cambiado las cosas desde que, hace dos años, el Gobierno amenazara con abrir expediente al investigador Bernat Soria y a su universidad por haber proyectado estos mismos experimentos que ahora van a ser autorizados. Las células madre embrionarias, que prometen convertirse a corto plazo en una fuente de valiosos tejidos para tratar enfermedades ahora incurables, cuentan con la vigorosa oposición de los sectores del PP más afines a la Iglesia católica, y cabe felicitarse de que se hayan impuesto finalmente los sectores más pragmáticos de ese partido.
El precio de esas tensiones internas del PP ha sido una reforma legal pacata, aunque en el buen camino. El texto resolverá el problema asfixiante en que se han convertido los cerca de 200.000 embriones humanos sobrantes de los tratamientos de fecundación in vitro, que se han acumulado en las clínicas de fertilidad españolas. Frente a la alternativa incomprensible de su destrucción, buena parte de esos embriones podrán utilizarse, con todos los controles, para la investigación biomédica. A cambio, el Gobierno ha cedido a las presiones de la jerarquía católica poniendo un énfasis excesivo en evitar nuevas acumulaciones. Los embriones generados a partir de la aprobación de la reforma no podrán usarse para investigar, y el texto impone una limitación a los tratamientos de fertilidad -no más de tres óvulos fecundados por tratamiento-, que entorpecerá, y probablemente encarecerá, la fecundación in vitro en todas las clínicas del país.
La reforma, que excluye líneas apoyadas por la mayoría de la comunidad científica como la clonación terapéutica, permitirá, sin embargo, empezar a trabajar en España a los investigadores del área, algunos de los cuales se habían visto forzados a desplazar a otros países sus proyectos más competitivos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de julio de 2003