El sindicato UGT reconoció ayer ante el juzgado de lo Social 1 de Córdoba la improcedencia del despido de la abogada Ana María Galán quien, desde septiembre de 1999, ha acumulado ocho contratos por obras y servicios con periodos de baja en la Seguridad Social en los que, según la denunciante, no dejaba de trabajar. Los letrados de UGT ofrecieron a Ana María Galán 10.811 euros en concepto de indemnización y salarios de tramitación.
Ana María Galán aseguró ayer que rechazará la cantidad ofrecida por UGT, ya que entiende que existe acoso moral y laboral, por lo que continuará con el proceso hasta la declaración de despido nulo y el reconocimiento de dicho acoso moral y laboral.
La demanda de Galán incide en que, a pesar de que sus tres primeros contratos estaban realizados para hacer seguimiento de los planes de formación de UGT con cargo a los fondos Forcem, su labor no estuvo ligada a esta tarea y sí al asesoramiento legal de los afiliados del sindicato y a la negociación de convenios colectivos. Galán asegura que trabajó exclusivamente para el sindicato desde su primera contratación hasta su despido el pasado 15 de mayo.
Ana María Galán denuncia que, del mismo modo, entre mayo de 2000 a abril de 2002, fue contratada tres veces por la empresa Fondo de Promoción de Empleo, encargada de impartir los cursos de formación de UGT, cuando realmente trabajaba como asesora legal del sindicato. La misma circunstancia se produjo, según Galán, cuando fue contratada por el Observatorio Local de Empleo, sufragado con fondos municipales.
El secretario general de UGT en Córdoba, Jesús Comino, admitió: "Lo podíamos haber hecho mejor".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de julio de 2003