A propósito de la carta del señor Víctor M. Sánchez González (La religión y la escuela), es muy significativo que el núcleo de su tesis, es decir, el derecho de cada uno a escoger la formación que estime conveniente, omita el elemento esencial: el sujeto agente y el sujeto paciente de tal derecho no son el mismo. Tal concepción, si nos ajustamos a la realidad, debería ser reformulada como "el derecho de los padres a elegir para su hijo la formación que más se adecue a su criterio".
Teniendo en cuenta que tal concepción está respaldada por los acuerdos firmados con la Santa Sede, cualquier refutación de la misma no podrá apelar a la legalidad vigente, pero sí, en cambio, a una cuestión anterior que no parece merecer la consideración de nadie: el hecho de que la escuela pública es una institución de titularidad pública y, por lo tanto, una cuestión de interés público, y no sólo familiar. Por ello, a mí sólo me resta preguntarme en virtud de qué principio puede el Estado aceptar que los padres asuman las atribuciones que, en materia religiosa, algunos reclaman. No, desde luego, en nombre de la tan cacareada defensa de la escuela pública, pues admitir que la presión de la educación familiar pueda llegar hasta un ámbito estrictamente público como debe ser el de la escuela, no deja de suponer una cierta privatización de la misma.
Si es cierta la tesis del autor de la carta, no queda más remedio que concluir que tal situación es consustancial a la democracia misma.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de julio de 2003