La entrada en vigor de la orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica acumuló ayer un nuevo retraso y desató un rifirrafe entre el Gobierno y el PSOE. La proposición de ley que crea este nuevo instrumento, pactada por todos los grupos parlamentarios, no se aprobó en el pleno extraordinario del Congreso celebrado por la mañana, ya que nadie pidió que se incluyera en el orden del día, según varias fuentes.
Pese al consenso en su elaboración, la iniciativa que establecerá una asistencia integral a las víctimas del maltrato deberá esperar. El Ministerio de Justicia, responsabilizó a los grupos parlamentarios, ya que ninguno había pedido su inclusión en la agenda. "Todos podían haberlo hecho y ninguno dio el paso", recalcó una portavoz. Sin embargo, el PSOE culpó directamente al Gobierno. "Ha retrasado deliberadamente la aprobación porque porque no tiene listos los recursos para la puesta en marcha de la orden de protección", aseguró la diputada socialista Micaela Navarro. "El Gobierno habría podido pedir que se incluyera y los grupos parlamentarios, seguramente también. Parece que la cuestión se nos ha pasado a unos y a otros", terció la diputada Mercé Pigem, de CiU.
Críticas
Navarro lanzó el primer ataque. Acusó al Ejecutivo de "pasividad" ante el aumento de mujeres muertas y añadió que el PP ha utilizado su mayoría absoluta para retrasar la puesta en marcha de la orden de protección. El también socialista Diego López Garrido imputó lo ocurrido a un "fallo del Gobierno".
El ministro de Justicia, José María Michavila, salió al paso y culpó del retraso "a la descoordinación" de los socialistas del Congreso y del Senado, ya que en la Cámara Alta promovieron nuevas enmiendas que, aceptadas por todos los grupos, demoraban de hecho la aprobación, informa Efe.
El Senado aprobó la orden de protección a finales de junio. Incluyó tres enmiendas: sobre la competencia territorial de los jueces, la notificación a las fuerzas de seguridad y una tercera que crea una comisión de seguimiento.
La orden de protección, elaborada por la subcomisión del Congreso encargada de establecer nuevas medidas para luchar contra la violencia doméstica, debería haber entrado en vigor con los juicios rápidos, a finales de abril, según el plan inicial de Justicia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de julio de 2003