El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que se declara la incompetencia de la Generalitat de Cataluña en relación con dos artículos del decreto del Ejecutivo catalán de junio de 2003 sobre regulación de las oficinas y delegaciones de Cataluña en el exterior.
El Gobierno central considera que los artículos tres y cinco vulneran la competencia exclusiva estatal, tanto en materia de relaciones internacionales como de inmigración. Los citados artículos otorgan a las oficinas la misión de fomentar las relaciones bilaterales con el país en el que están ubicadas y regulan la orientación a los inmigrantes que quieran trabajar en Cataluña.
El conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, acusó al Gobierno central y al PP de "desprecio total" por el Estado autonómico, y aseguró que Cataluña continuará abriendo oficinas de inmigración en el extranjero porque "España es un coladero, entra casi todo el mundo que lo desea, y luego se sufren las consecuencias".
El portavoz del Ejecutivo autónomo, Felip Puig, insistió en que "la Generalitat no claudicará y seguirá abriendo oficinas [en el exterior], porque tenemos la obligación de defender la cohesión social, y la inmigración incontrolada es un problema que la amenaza".
Otros acuerdos son los siguientes:
- Ayudas por el 'Prestige'. Se anticipan las ayudas a los afectados por el hundimiento del petrolero, mediante un reglamento en el que se recoge una partida máxima de 160 millones de euros para todos los solicitantes.
- Recursos de inconstitucionalidad. Se interpondrán recursos de inconstitucionalidad contra uno de los artículos de la ley de parejas de hecho del País Vasco, referido a la adopción por parte de parejas formadas por personas del mismo sexo, y contra una ley de Castilla-La Mancha que hace referencia a la modulación de ayudas agrarias.
- Demandas de extradición. El Ejecutivo autorizó la petición a México de extradición de seis personas acusadas de pertenecer a ETA (Asier Arronategui, Ernesto Alberdi, Félix García Rivera, Juan Carlos Artola, María Asunción Gorrochategui y José María Urquijo). También se pedirá a Cuba la extradición de José Ángel Urtiaga, por su presunta implicación en el secuestro de Diego Prado y Colón de Carvajal, en marzo de 1983, y a Francia, la del dirigente del GRAPO Manuel Pérez Martínez.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de agosto de 2003