El Gobierno andaluz sólo pedirá la disolución del pleno del Consistorio de Marbella en el caso de que el actual o el nuevo equipo de Gobierno no pudiera garantizar "la prestación de los servicios básicos" del municipio, dijo el consejero de Gobernación de la Junta, Alfonso Perales, a este periódico.
IU anunció que propondrá en el Parlamento andaluz la disolución del Consistorio si sale adelante la moción de censura para echar abajo el Gobierno del actual alcalde, Julián Muñoz. La drástica iniciativa de la federación de izquierdas, sin embargo, tiene un difícil camino por delante. La Cámara autonómica sólo puede instar a la Junta de Andalucía a activar el proceso administrativo de disolución.
El consejero Alfonso Perales, recuerda que la medida está diseñada para una situación límite, de incumplimiento de las obligaciones municipales.
El portavoz parlamentario de IU, Antonio Romero, se ampara en de la Ley de Bases del Régimen Local que prevé la disolución de consistorios. El artículo 61 señala que el Consejo de Ministros "a iniciativa propia" o "a solicitud del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente", y siempre "previo acuerdo favorable del Senado", puede ordenar disolver los órganos de un municipio. Pero sólo cuando la gestión de estos órganos sea "gravemente dañosa para los intereses generales" y "suponga el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".
Es decir, que una posible disolución del Consistorio marbellí depende de una iniciativa de la Junta o el Gobierno central, del refrendo del Senado y del visto bueno definitivo del Consejo de Ministros.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de agosto de 2003