Que en Marbella cualquier sorpresa era posible quedó claro hace ya año y medio, cuando este mismo periódico reveló que entre los promotores de una fundación surgida para apoyar a Isabel García Marcos se encontraba Rafael Salinas, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de intervenir, en 1986 -cinco años antes del primer triunfo del GIL-, en una operación en la que Jesús Gil logró aumentar la edificabilidad de uno de sus solares a cambio de 85 millones de pesetas. El asunto se declaró prescrito, pero el solar fue edificado con más volumen de lo previsto y los cheques -protocolizados en un notario por Jesús Gil antes de su entrega- dejaron rastro en cuentas corrientes relacionadas con el PSOE.
Todos los dirigentes del PSOE-A, incluidos el propio Manuel Chaves, estaban advertidos de las extrañas movidas del PSOE marbellí: la agrupación socialista de la pedanía de San Pedro Alcántara se había preocupado de mantenerles informados. También lo hicieron Los Verdes repetidas veces. Cuando la espantada de Tamayo y Sáez, Chaves tardó apenas unas horas en pedir la asunción de las "responsabilidades internas". Después de que se conociese la deserción de García Marcos, guardó silencio durante cuatro días: se limitó a acusar de "traición" a la ex líder socialista y a calificar de "contundente" la respuesta de su partido. Esta vez no habló de "responsabilidades". Están demasiado claras.
García Marcos, incluso, podría tener razones para el agravio: si a sus compañeros -y, además, amigos,- de Estepona les han dejado pactar con el sector más duro del gilismo, ¿por qué no a ella? Al fin y al cabo, después de lo de Estepona, ¿no se había limitado Chaves a decir que no estaba de acuerdo con el pacto PSOE-GIL y que no le gustaba?
Por lo que se ve, a Marbella sólo pueden salvarla los programas rosa de la televisión. Ha bastado que, en Tele 5, Gil y Muñoz se lanzaran los trastos a la cabeza, para que el teniente fiscal de Málaga, dirigente de la Asociación de Fiscales Progresistas, los llame a declarar por ver en sus declaraciones indicios de cohecho. Así da gusto: han sido decenas las denuncias enviadas a la Fiscalía durante los últimos cinco años en las que se señalaba que las irregularidades urbanísticas podían resultar indicios claros de cohecho, además de delito ecológico o urbanístico. Todas fueron archivadas.
En estos asuntos no conviene fiarse de las etiquetas. Nada es lo que parece. Los dos jueces que se han atrevido a plantarle cara a Gil son conservadores: Blanca Esther Díaz es del Opus Dei y Santiago Torres pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura. En cambio, miren ustedes por dónde, ha bastado la jubilación de un magistrado de lo Contencioso del TSJA, con sede en Málaga -un veterano de Jueces para la Democracia-, para que, por fin, se apruebe la suspensión cautelar de las licencias ilegales. Si se hubiera hecho esto desde el principio, hace años que Gil y el GIL habrían dejado de ser problema.
Lo que peor se entiende en este asunto son las prisas de esa extraña pareja compuesta por Isabel García Marcos y Carlos Fernández: al adelantarse con la moción de censura gastan toda la pólvora en una salva e impiden que triunfe en el futuro una iniciativa similar, dado que sólo cabe interponer una moción de censura en cada mandato. ¿Es quizás eso lo que se pretende?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de agosto de 2003