En la legislatura que está a punto de acabar, Cataluña se ha convertido en la segunda comunidad española con peores índices de siniestralidad laboral, sólo superada por las Baleares. El último índice disponible -el de 2002- es prácticamente el mismo que hace cuatro años -66,37 bajas por cada 1.000 personas ocupadas-, pero mientras que las autonomías con peores índices han mejorado notablemente las cifras en este ejercicio, en Cataluña se han mantenido estables, con lo que ha pasado del sexto peor registro al segundo.
Los datos proceden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y ayer los exhibió el Partit dels Socialistes (PSC) para intentar demostrar que "se han perdido cuatro años" en políticas de trabajo en Cataluña. El diputado Josep Maria Rañé responsabilizó al Gobierno de Convergència i Unió (CiU) de la situación por la "clamorosa insuficiencia de recursos humanos, técnicos y económicos destinados a la prevención". "El Gobierno es un especialista en buscar siempre un enemigo exterior, cuando debería concentrarse en hacer bien su trabajo", añadió el portavoz parlamentario del PSC, Joaquim Nadal.En 1999 Cataluña tenía un índice de siniestralidad laboral de 66,43 accidentados -con baja laboral registrada- por cada 1.000 personas ocupadas. Se había mejorado la situación con respecto al inicio de la década de 1990, cuando Cataluña era la comunidad española con peores índices y había cinco comunidades con mayor siniestralidad relativa: Canarias (67,96), Asturias (70,73), la Comunidad Valenciana (73,65), Murcia (79,6) y Baleares (83,14).
Al final de la legislatura la situación ha cambiado, según los datos del ministerio: todas las comunidades citadas han mejorado sus índices -algunas muy notablemente y de forma sostenida-, lo que ha dejado a Cataluña otra vez a la cola del ranking, sólo superada por Baleares. Pero mientras que esta comunidad ha logrado en cuatro años un descenso de siete puntos en su índice -de 83 a 76-, en Cataluña sólo ha bajado 0,06.
En contraposición, Murcia ha conseguido rebajar hasta 20,44 puntos la ratio, y de forma continuada: en 1999 tenía un índice de siniestralidad de 79,6, en 2000 bajó a 75,55, en 2001 descendió a 66,53, y cerró el ejercicio de 2002 con sólo 59,16. Entre las autonomías con peores índices, la Comunidad Valenciana bajó en estos cuatro años 12,62 puntos; Asturias, 10,78, y Canarias, 2,91.
El Departamento de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Generalitat difundió una nota en la que celebra el descenso del número de accidentes laborales en los últimos años, basándose en cifras absolutas -cuando la ocupación también ha aumentado y, por tanto, el índice se ha mantenido estable- y refrentes sólo al primer semestre de cada año.
Mejora general en 2003
El Ejecutivo subraya especialmente el descenso de accidentes laborales en lo que va de 2003. Pero si se compara con el descenso experimentado también en las otras cinco comunidades autónomas aludidas a partir de las estadísticas publicadas por Trabajo, Cataluña sigue obteniendo el segundo peor registro.
Según el socialista Josep Maria Rañé, el Gobierno de CiU ha actuado "con dejadez" ante el problema de la siniestralidad laboral y ha tenido un "alto nivel de tolerancia con el incumplimiento de la ley de prevención de riesgos".
El PSC hizo un balance muy negativo de la gestión del departamento en materia de trabajo y consideró que ha estado marcada por el caso Pallerols, de presunta financiación irregular de Unió Democràtica (UDC) a través de los fondos para la formación de parados. Rañé no se anduvo por las ramas y aseguró sin tapujos que UDC se ha "financiado irregularmente" con estos fondos. Lo dijo citando los autos firmados hasta ahora por la fiscalía y la juez que investiga el caso, a pesar de que todavía no hay ninguna sentencia.
El dirigente socialista asegura que el actual sistema de reparto de estos fondos sigue siendo "arbitrario" y auguró que podría ser invalidado por los tribunales si algún centro lo recurriera. Un informe encargado por el PSC a profesores de derecho laboral de la Universidad de Girona concluye que las bases que rigen las convocatorias actuales mantienen los mismos problemas que motivaron que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulara, el mes pasado, las de 1998. Pese a ello, Rañé subrayó que el PSC no acudirá a los tribunales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de agosto de 2003