Las acciones de Alstom vivieron ayer un día nefasto. Cerraron a 2,31 euros por título, lo que supuso un desplome del 20,06%. La caída se produjo después de que diversos analistas criticaran el plan de reestructuración financiera del gigante industrial francés, que debe convertir al Estado francés en primer accionista de Alstom, con un 31,5% del capital, y que en total pretende recabar 2.800 millones de euros de financiación.
En este sentido, el ministro de Economía francés, Francis Mer, declaró a Le Monde que tanto el ministro alemán de Finanzas, Hans Eichel, como el Banco de España le ayudaron a que los bancos de ambos países se adhirieran al acuerdo de salvamento de Alstom, y que se trata de "una empresa europea".
La Comisión Europea, que ya había expresado "dudas serias" sobre este plan de rescate, reiteró ayer que, previamente, éste requiere de la aprobación de Bruselas. El Ejecutivo comunitario aseguró que, en estos casos, las ayudas se deben limitar "a su mínima expresión", y que la compañía debe "hacer una contribución significativa a su propia reestructuración."
Los títulos de Alstom, uno de los principales grupos industriales de Francia con una importante presencia en los mercados de transporte y energía, han perdido el 90% de su valor en los últimos dos años. La compañía atraviesa una complicada situación financiera, con una deuda de más de 4.900 millones de euros, que la ha llevado al borde de la bancarrota. Para evitar que esto ocurra, el Gobierno francés desveló un plan de financiación esta semana que pretende subsanar las cuentas participando en una ampliación de capital a 1,25 euros la acción, por un total de 600 millones, de los que el Estado aportaría la mitad y que le convertirían en un 31,5%.
Críticas
La otra parte la pondrán bancos acreedores, entre ellos BNP Paribas, Crédit Agricole y Société Générale. Los analistas han criticado esta medida al considerar que el rendimiento para los accionistas actuales se verá reducido como resultado de la nueva ampliación de capital.
El resto del dinero vendría de una emisión de obligaciones por valor de 900 millones, más tarde canjeables en acciones, y de líneas de crédito por 1.300 millones (200 millones de ellos, también los podría el Estado).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de agosto de 2003