Después de tres años de investigación, hay que confiar en que la Comisión Europea tiene pruebas claras de las condiciones de abuso de posición dominante con las que opera Microsoft en los mercados europeos, que son similares a las que ya fueron examinadas por las autoridades económicas estadounidenses y que terminaron en un sonado pacto entre la empresa y el Gobierno por el cual, entre otras condiciones, Microsoft debía preinstalar en sus sistemas operativos los navegadores de la competencia.
Ahora, la Comisión Europea ha sido contundente: tiene pruebas fehacientes de que Microsoft abusa de posición dominante en el mercado de los programas de reproducción de audio y vídeo en Internet y en el de servidores; concede un mes para que Microsoft deshaga las conductas abusivas en los programas Windows que vende en Europa y amenaza con multas seguras a la compañía por las prácticas empresariales seguidas hasta ahora. Sanciones que pueden llegar hasta el 10% de la facturación de la empresa si en el plazo fijado no cumple las directrices de la Comisión.
En este conflicto, la posición de las autoridades europeas de competencia parece razonable; sobre todo si, como se ha expuesto públicamente, tienen pruebas de prácticas en contra de la competencia. Microsoft difícilmente puede negar la casi imbatible fuerza de Windows, que hace funcionar a 9 de cada 10 ordenadores, caldo de cultivo evidente para imponer sus programas y sus condiciones al resto del mercado. Por tanto, Microsoft debería aceptar como mal menor que está obligado a fabricar sistemas operativos que permitan la implantación de los programas de sus competidores. Éste precisamente debe ser el objetivo principal de las autoridades europeas de competencia: defender el derecho de los fabricantes a que puedan instalar otros programas en el Windows si el usuario así lo quiere.
Cosa bien diferente es si conviene a la Comisión mostrarse inflexible en la aplicación estricta de los reglamentos europeos de competencia. Lo más realista sería abrir una negociación con Microsoft que minimice los riesgos de un enfrentamiento costoso en términos de tiempo y dinero. Pero siempre con la atención puesta en que el acuerdo no implica necesariamente su cumplimiento, como bien sabe el Departamento de Justicia de EE UU, que está insistiendo todavía a Microsoft para que cumpla los acuerdos de 2001.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de agosto de 2003