Las cinco comunidades con Gobierno socialista (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón), así como Cataluña, País Vasco y Galicia, han amenazado con recurrir la nueva regulación de los fondos destinados a la actualización de la formación de los trabajadores mediante la Forcem (Fundación para la Formación Continua). Este organismo gestiona más de seiscientos millones de euros procedentes de las cuotas pagadas por empresas y trabajadores, a quienes se descuenta el 0,5% de las nóminas.
Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2002 estableció el derecho de las comunidades autónomas a participar en la gestión de esos fondos. Lo lógico habría sido que el Gobierno negociara con ellas una fórmula de consenso. En lugar de hacerlo, el Ministerio de Trabajo de Eduardo Zaplana ha preferido imponer su propia interpretación de la sentencia: crear una fundación cuatripartita en la que participan la Administración central, la patronal, los sindicatos y las comunidades autónomas, y conferir a las empresas la responsabilidad de las acciones formativas para sus empleados. Las comunidades entienden que esta interpretación no es correcta y pretenden que los fondos de formación continua se repartan entre los gobiernos autónomos para aplicarlos con entera independencia; de ahí la amenaza de recurrir.
Con independencia de cuál sea la interpretación más acertada de la sentencia del Tribunal Constitucional, estamos ante una amenaza de conflicto que podía haberse evitado fácilmente con sólo aplicar ese principio elemental de la política que es la negociación previa para aclarar un caso dudoso o complicado. No es menos evidente que el Ministerio de Trabajo pretende mantener el control político de los fondos de formación continua, y poco le importa si para conseguirlo tiene que quebrar los ya escasos puentes de negociación con las comunidades autónomas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de agosto de 2003