El ex alcalde de Alcorcón Pablo Zúñiga (PP) aseguró ayer que no conocía a los constructores Francisco Vázquez y Francisco Bravo, quien reservó dos habitaciones en un hotel a nombre de los diputados tránsfugas Tamayo y Sáez cuando dieron su espantada el pasado 10 de junio, más que a raíz del "lamentable asunto" de la Asamblea. "Sabía quién era Vázquez, pero no he cruzado dos palabras con él. Con Bravo nunca he hablado y no lo he conocido hasta ahora. Nunca los he recibido como alcalde ni tengo relación con ellos", aseguró.
En su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea, Zúñiga no escatimó epítetos a la hora de descalificar la querella que la Fiscalía de Madrid interpuso contra él y varios de sus colaboradores, entre los que se encuentran los Vázquez y Bravo, por un presunto delito de corrupción inmobiliaria en su municipio. Zúñiga tachó el escrito del fiscal Emilio Valerio de "calumnioso", "improcedente" e "impresentable". Además, acusó al fiscal de presentar una querella "partidista y políticamente interesada" en el momento más propicio para la Federación Socialista Madrileña.
Sobre el ex regidor de Alcorcón (165.000 habitantes) pesan dos querellas: una del PSOE -desestimada y recurrida a la espera de resolución- y otra de la Fiscalía de Madrid, admitida por el juez. En esta última se acusa a Zúñiga y a varias personas, entre las que se encuentran Bravo y Vázquez, de siete delitos, entre ellos corrupción y asociación ilícita para defraudar a los consumidores, relacionados con la construcción de 40.000 viviendas en dos gigantescos solares de la ciudad, denominados Ensanches Norte y Sur. Los suelos del Ensanche Norte presentaban la dificultad de estar calificados como zona verde, por lo que la mayoría absoluta del PP en el ayuntamiento aprobó su recalificación.
Sin embargo, según la querella, Zúñiga, en connivencia con el arquitecto Leopoldo Arnáiz, que se había convertido en técnico municipal después de que Zúñiga prescindiera del secretario del ayuntamiento por oponerse en varias ocasiones a sus planes urbanísticos que juzgaba ilegales, había advertido del cambio de condición de los terrenos a los abogados Francisco Díaz Moñux y Juan Benigno Alonso. Las fincas rústicas, que fueron compradas a 24 euros (4.000 pesetas) el metro cuadrado, pasarían a valer 30 veces más tras la recalificación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de agosto de 2003