El PSOE de Andalucía se mostró ayer dispuesto a dar un plazo de tiempo "razonable" al nuevo equipo de gobierno de Marbella para demostrar que tiene voluntad de abandonar las prácticas ilegales, después de que el PP dijera que es preciso esperar para ver cómo evoluciona la corporación antes de plantear la disolución del Ayuntamiento. Aunque los socialistas están convencidos de que existen bases y causas de sobra para disolver y convocar elecciones de manera inmediata, proponen esta segunda hipótesis de trabajo en las conversaciones que pretende abrir con las direcciones andaluzas del PP y el Partido Andalucista (PA), siempre que se cumplan tres condiciones.
Según el secretario de Organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, los requisitos irrenunciables son: elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el aval de la Junta de Andalucía; no conceder licencias ni firmar convenios urbanísticos que no se adecúen al PGOU vigente de 1986, y adaptar a este plan los más de 300 convenios recurridos por la Junta desde 1991.
En este sentido, el portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, dijo que su partido estaría dispuesto a desarrollar una acción conjunta con todas las fuerzas democráticas y a "plantearse la disolución" de la nueva corporación, si ésta comete actos que atenten "gravemente" contra el interés general. Caldera añadió que hay que "extremar" la vigilancia de los controles y la supervisión de los actos de la nueva corporación y animó a la Fiscalía a seguir investigando.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de agosto de 2003