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Editorial:

Ilegítima defensa

El tanquista que el 8 de abril pasado disparó un misil contra la fachada del hotel Palestina, en Bagdad, matando a los cámaras de televisión José Couso, español, y Taras Protsyuk, ucranio, actuaba en defensa propia, repeliendo disparos de francotiradores, según la comunicación remitida esta semana por el Departamento de Defensa de Estados Unidos a los Gobiernos de España y Ucrania. De las diversas explicaciones imaginables, las autoridades norteamericanas han elegido, tras pensárselo durante cuatro meses, la más inverosímil; seguramente por ser la misma que dio el mando militar sobre el terreno y que días después reafirmó, en carta a la ministra española de Exteriores, el secretario de Estado Colin Powell.

Esa versión ya fue desautorizada por los numerosos periodistas que aquel día se encontraban en el hotel. Pero aunque hubiera habido un francotirador, eso no justifica que la respuesta fuera disparar un misil contra las ventanas de un hotel que albergaba a unos 200 periodistas de todo el mundo, como era del conocimiento público."Quien tiene un martillo tiende a verlo todo con forma de clavo", reza un dicho anglosajón invocado en vísperas de la guerra de Irak para explicar la inclinación belicista de Bush. Quien tiene un tanque que dispara misiles tal vez tienda a ver con forma de francotiradores a unos periodistas que registran con su cámara lo que ven. Los investigadores podían haber dicho que el tanquista creyó que le disparaban, que confundió las cámaras de vídeo con ametralladoras. Pero eso habría supuesto admitir un error, y el mando nunca se equivoca; sobre todo en periodo de guerra.

Pero esa actitud supone borrar la diferencia entre un dictador como Sadam y quienes le derrotaron. Las reglas de la guerra son diferentes a las de la paz, pero existen. Por ejemplo, según el artículo 79 del Protocolo Adicional de la Convención de Ginebra, los periodistas que realicen su trabajo profesional en "zonas de conflicto armado se considerarán como personas civiles" y gozarán de la protección adecuada a tal condición. Es cierto que Estados Unidos no ha suscrito ese protocolo, como tampoco el fundacional del Tribunal Penal Internacional. Pero España, sí. Aparte de remitir a los familiares de Couso el texto enviado por el Pentágono, ¿no tiene nada que hacer o decir el Ministerio español de Asuntos Exteriores? ¿Avala su silencio la teoría de la legítima defensa como causa de la desgracia que segó la vida de ese periodista?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de agosto de 2003