Tras realizar infinidad de visitas a inmobiliarias, pisos piloto, casetas de venta y demás empresas especuladoras del sector inmobiliario, sólo veo dos soluciones a esta sinrazón de la vivienda y a la posibilidad de acceder a una de ellas (véase capítulo tercero del artículo 47 de la Constitución): "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".
Por tanto, el Gobierno debería tramitar con carácter de urgencia alguna de las siguientes iniciativas:
1. Si todos los 31 de diciembre aparecen publicados en el BOE los precios de las tarifas eléctricas, impuestas por el Gobierno, ¿por qué todos los finales de año no fija también el precio del metro cuadrado de suelo y vivienda, teniendo en cuenta un histórico y el IPC?
2. Incluir el precio de la vivienda en el IPC, ya que a la mayoría de las familias les afecta más el precio de la vivienda, a la que destinan más de la mitad de sus ingresos, que la subida del pollo o de la bombona de butano. ¿Para qué sirve la Constitución? Otra solución es reemplazar el artículo 47 por uno que diga: "España es un Estado cimentado en los pilares de la religión católica". ¡Así, Dios proveerá!
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de agosto de 2003