La junta de las sociedades municipales Estepona XXI Control Contable y Control de Servicios adoptó la noche del miércoles otra polémica decisión: el cese de los dos liquidadores, el abogado Francisco Javier González y el tesorero municipal, Félix Domínguez. Ambos creen que la destitución se debe a su negativa a hacer suyo un informe de un abogado particular en el que se eximía de culpa a sus actuales socios de gobierno y relataron que así se lo pidieron hace ocho días el secretario municipal, Gustavo Rubio, y el jefe de gabinete de alcaldía, José Flores, en una reunión en una cafetería.
Barrientos aseguró ayer que los dos liquidadores, que fueron nombrados por el gobierno cuatripartito -PSOE, PP, IU y PA- que rigió la ciudad entre 1999 y 2001, "expresaron su voluntad manifiesta de dejar sus cargos" y que él personalmente les pidió que reconsideraran su decisión. El alcalde mostró un acta de una reunión celebrada el 26 de junio en la que se produjo esta petición de cese firmada por el secretario y el oficial mayor, pero no por los dos liquidadores, que volvieron a insistir en que "es rotundamente falso".
Barrientos acusó también a los liquidadores de no presentar el balance de las cuentas de las sociedades dentro de plazo, hecho que se recoge en la auditoría del Tribunal de Cuentas. "Hemos facilitado absolutamente todo. Asumimos que hemos presentado fuera de periodo alguna documentación relativa al 2001 y 2002, pero hay que recordar que el informe de fiscalización del Tribunal se refería a los años 1995 a 1999, así que hemos presentado más de lo que se pedía", dijo Domínguez. "Hemos hecho todo lo que nos ha dicho el Tribunal de Cuentas, y no voy a permitir que este señor dude de nuestra honorabilidad", añadió.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de agosto de 2003