¿Por qué Alstom sí y otras empresas no? Ésta es la pregunta que ha empezado a circular en Francia después de que el Gobierno haya optado por salvar de la quiebra a este grupo industrial aceptando que el Estado se convierta en su primer accionista, con un coste para el contribuyente de 300 millones de euros. Desde el flanco político abundan las críticas por un "respaldo abusivo" que ha abierto la veda a otras empresas con problemas para llamar a la puerta del Gobierno. La más inmediata, Bull, eternamente ruinosa y que en dos meses debe presentar su plan de recapitalización.
El rescate de Alstom le costará al contribuyente 300 millones. De momento. Porque el Estado, ahora accionista de una empresa que fabrica transatlánticos, turbinas, trenes y que transporta y distribuye electricidad, avala los préstamos del grupo por valor de 3.500 millones.
La operación de salvamento se hizo, según Francis Mer, ministro de Economía y Finanzas, "en interés de Francia", frase a la que añadió, pensando en Bruselas, que "se trataba de socorrer nuestra industria europea". De los 117.000 trabajadores de Alstom, 28.000 son franceses, otros 50.000 son comunitarios y el resto anda esparcido por el mundo, sobre todo en EE UU. La esperanza para que Bruselas no se oponga frontalmente a estas ayudas reside en que Alstom emprenda enseguida un plan de reestructuración que las justifique.
Hablar de puestos de trabajo es más "social" que hacerlo de sistema financiero. La suspensión de pagos de Alstom habría supuesto una pérdida de entre 4.000 y 5.000 millones para los bancos franceses, sobre todo BNP-Paribas, Crédit Agricole-Crédit Lyonnais y Société Générale. El Estado ha intervenido como juez y parte, forzando primero a los más de 40 bancos de distintos países a respaldar la recapitalización de Alstom y a reescalonar su deuda, al tiempo que él se convertía en accionista durante, mínimo, tres años.
Mer no ha querido criticar la gestión del anterior responsable de Alstom, el muy religioso Pierre Bilger, que se fue a su casa con una indemnización de 5.100.000 euros como premio a su desastrosa labor, presidida por una estrategia de compras equivocadas financiadas a base de endeudamiento y por un arranque en el universo sin piedad de la Bolsa muy mal planteado: los antiguos accionistas de Alstom (Alcatel y General Electric) dieron la libertad a su criatura y la enviaron a cotizar después de repartirse los 1.300 millones que hallaron en su caja fuerte.
Para Mer, el problema que le puede presentar Alstom es el de haber sentando un precedente.
Por ejemplo, la sociedad de informática Bull debiera presentar su plan de recapitalización el próximo mes de octubre. El Estado podría verse invitado a rascarse el bolsillo. "¿Por qué Alstom sí y no yo?", se preguntan los ejecutivos de Bull. Y esa misma pregunta pudieran hacérsela algunas o todas las 24.810 sociedades que han suspendido pagos durante el primer semestre de 2003.
Ninguna de las 24.810 emplea a tanta gente como Alstom. Y ninguna tiene una cifra de negocios de 23.500 millones. Pero todas juntas también dan trabajo a muchos miles de personas. Si se limita el análisis a las 82 que mueven más de 15 millones de euros anuales, entre todas ellas ya emplean a 17.000 asalariados que hoy están en paro y también se preguntan: "¿Por qué yo?".
Algunas de las sociedades que han cerrado son conocidas internacionalmente -Air Lib, Daewoo Orion, Metaleurop-. Otras tienen nombres -Jestin (congelados), Isa Daisytek (informática), Société Jean Lion (chocolate)- que sólo les dicen algo a los colegas del ramo. Pero todas hubieran querido recibir el trato de Alstom y escapar a un destino compartido con otras 24.809 y que supone un récord negativo para Francia. Los nubarrones del horizone no sólo afectan a Bull, sino también a Aventis-Pharma, Atocina, Cap Gemini o Solectron, pues las cuatro piensan en suprimir empleos para ganar productividad, una lógica infernal que olvida que cada trabajador en el paro es un consumidor menos en el mercado.
"Renacionalizar pérdidas"
El diputado ultraliberal Alain Madelin se ha quejado de lo que se le antoja "una renacionalización de las pérdidas" y nadie se ha sorprendido al oírlo. Más inquietante es que el moderado democratacristiano Pierre Méhaignerie, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, diga que "en EE UU la ley de suspensiones de pagos habría obligado a los bancos a financiar íntegramente el salvamento de Alstom". Para el homólogo de Méhaignerie en el Senado, el conservador Jean Arthuis, "los bancos aceptaron prestar con avales que no eran realistas".
Para ambos, estamos ante un caso de "respaldo abusivo" y debieran ser las entidades financieras "quienes corran con los daños y perjuicios". En el consejo de administración de Alstom estaban representadas varias de las bancas que más dinero dejaban a Alstom. Los políticos creen que éstas debieran saber que Bilger protagonizaba una huida hacia delante más que temeraria.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de agosto de 2003