La muerte no nos iguala a todos. Esa dura constatación es la que ha indignado a los familiares del vuelo UTA 772, un avión francés que explotó en 1989 sobre el Sáhara causando 170 muertos, víctima de un atentado terrorista organizado por Libia. Las indemnizaciones concedidas por dicho Estado a parte de los familiares oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros y son muy inferiores a las que acaba de otorgar Libia a los 270 fallecidos en Lockerbie en 1988, cuando un avión de la Pan-Am estalló en pleno vuelo a causa de una bomba colocada por los servicios secretos libios: en ese caso, las indemnizaciones son de 10 millones de dólares.
París no admite que EE UU y Gran Bretaña acepten ahora levantar las sanciones acordadas en 1992 y 1993 contra Libia. Sólo si se equiparan las víctimas de uno y otro atentado, las autoridades francesas renunciarán a su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro de exteriores galo, Dominique de Villepin, ha reabierto el litigio. Un acuerdo "justo" es visto como una "condición indispensable" por un portavoz del citado ministerio. Un tribunal francés condenó en su día y en rebeldía a seis funcionarios libios como autores del atentado contra el avión de UTA. París no reclamó la extradición de los culpables porque otra sentencia dictaminó la impunidad del máximo responsable, el comandante Muammar el Gaddafi, y porque entre París y Trípoli parecen haber pesado más las consideraciones económicas -venta de aviones, compra de energía, etcétera- que las humanitarias. Desde junio de 2002, Villepin contempla el embrollo desde otro punto de vista y eso es aplaudido por Françoise Rudetzki, presidenta de la asociación de víctimas de atentados: "Lo intolerable es que los seis culpables sigan en libertad. No se pueden retirar las sanciones de la ONU mientras no se resuelva ese escándalo". Pero Rudetzki no representa la única litigante francesa contra el Estado libio, pues otra asociación sí aceptaría dar carpetazo al asunto si las indemnizaciones de las víctimas francesas son sustancialmente aumentadas.
Romano Prodi ha alentado a Muammar el Gaddafi a normalizar relaciones con la UE haciendo prueba de "máxima flexibilidad" para zanjar el caso Lockerbie, informa Bosco Esteruelas. El presidente de la Comisión Europea, que es uno de los grandes valedores del líder libio, recibió el domingo una llamada de éste para informarle de las negociaciones sobre el caso.
Un portavoz comunitario dijo ayer en Bruselas que Gaddafi confirmó a Prodi que "estaba dispuesto a hacer todo lo posible para respetar las condiciones establecidas por la ONU para levantar el régimen de sanciones". "Libia pretende recuperar su sitio en el mundo y que haya un levantamiento definitivo de las sanciones", expresó el mandatario árabe, según Bruselas. Anoche, Gran Bretaña presentaba formalmente al Consejo de Seguridad de la ONU el proyecto de resolución para el levantamiento de las sanciones.
El presidente de la Comisión reiteró su postura a favor de que Libia se integre en el Proceso de Barcelona, que impulsa las relaciones de la UE con los países árabes, siempre y cuando asuma el acervo que exige tal diálogo (respeto de los derechos humanos, libre comercio y seguridad regional).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de agosto de 2003