La faceta judicial del caso Prestige tiene varios frentes abiertos, y uno de ellos es de un tribunal de Nueva York que tiene sobre la mesa dos demandas. La primera, la del Gobierno contra American Bureau of Shipping (ABS), la sociedad clasificadora que certificó que el petrolero estaba en condiciones de navegar. El Ejecutivo considera que la agencia se equivocó en su inspección, y exige una reparación de 700 millones de dólares. ABS ha respondido con una contrademanda en la que acusa al Ejecutivo de negligencia, sostiene que es el único culpable de que el barco se hundiera y le pide daños y perjuicios.
American Bureau of Shipping, la entidad clasificadora del Prestige, ha respondido con gran dureza a la decisión española de llevarla a los tribunales. En su contrademanda, presentada el 27 de junio, ABS sostiene que la catástrofe -el buque habría vertido al mar casi 64.000 toneladas de fuel- "puede ser directamente atribuida al fracaso del Gobierno al no activar adecuadamente el plan contra vertidos de combustible al que le obliga la legislación española". Añade que "la decisión de negar al barco el acceso a un lugar de refugio fue una clara violación de sus derechos y el Gobierno actuó de forma muy negligente en su respuesta al accidente".
"España debía haber previsto que llevar el barco lejos de la costa en un momento en que el tiempo estaba empeorando podría causar la contaminación de Francia, España, y tal vez Portugal y el Reino Unido", continúa la demanda. Por tanto, concluye, "estos errores del Reino de España fueron la única causa de los daños que se alegan en su demanda, así como los perjuicios que pudieran ocurrir en otros lugares". La demanda sostiene que el Ejecutivo violó las leyes, no sólo las españolas, sino también la Convención de la Ley del Mar de Naciones Unidas y la Convención de Salvamento de 1989.
La conclusión técnica que hace la compañía sostiene que la tragedia se puede "atribuir directamente a los fallos del Gobierno español" y no al inicial daño del buque, que, por sí mismo, no habría causado la catástrofe si hubiera habido una buena respuesta de las autoridades. Por todo ello, ABS, tras destacar que es una organización sin ánimo de lucro con gran prestigio internacional, reclama daños y perjuicios contra España por haber presentado una demanda y anuncia que acudirá a los juzgados españoles para defender sus intereses.
La Administración española decidió pleitear contra ABS en los tribunales estadounidenses, según el comisionado para el Prestige, Rodolfo Martín Villa, porque "son muy rápidos". España confía en poder obtener allí una compensación económica que pueda suplir en parte el enorme coste que la crisis del Prestige está teniendo para el erario público. Pide 700 millones de dólares (642 millones de euros). El propio Martín Villa cifraba la pasada semana en 650 millones el coste final de la catástrofe.
Hay otro motivo. EE UU no tiene la misma legislación que la Unión Europea, que limita la exigencia de responsabilidades tras una catástrofe como la del Prestige. Por tanto, allí se pueden exigir indemnizaciones mucho más altas que las que se podrían obtener en un juzgado español o de cualquier otro país europeo.
El Gobierno considera que el mal estado del barco fue fundamental en la crisis. Y sostiene que gran parte de la culpa la tiene la inspección de ABS, que no detectó esos fallos. "Es evidente que el barco venía muy mal", dice Martín Villa.
Sin embargo, el Gobierno renunció a supervisar la auditoría que se hizo en China en diciembre de 2002 sobre la reparación del Prestige, certificada por ABS, y considerada por el Ejecutivo como origen de la fractura inicial del buque. El Ministerio de Fomento fue invitado, pero no acudió. Sí lo hizo un representante de la UE.
La decisión del Ejecutivo español de poner una demanda en EE UU, y sobre todo la contrademanda de ABS, deja en manos de un tribunal extranjero una decisión clave como es la de dilucidar si el Gobierno acertó o no con la opción de alejar el barco de la costa. Según ABS, "al iniciar una acción en los tribunales de EE UU, España ha renunciado a la inmunidad de su soberanía en lo que se refiere a cualquier demanda contra ella por su negligente actuación". La agencia supervisora considera, además, que la demanda de España puede abrir la vía a otras exigencias de responsabilidades en EE UU de otras partes afectadas.
El Gobierno sostiene que esta contrademanda no le ha sorprendido, que entra dentro de la normalidad del proceso, y no cree que suponga un problema el hecho de que ABS intente probar en EE UU que el Ejecutivo es el culpable del vertido. El Gobierno vasco y las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya también han presentado una demanda contra ABS en Tejas, y la agencia ha respondido de forma similar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de agosto de 2003