La Administración de Bush ha situado el déficit presupuestario en niveles de récord. La diferencia entre ingresos y gastos públicos rozará en 2004 los 500.000 millones de dólares, el 4,3% del PIB, frente a un superávit público que le legaron los demócratas, en 2000, del 1,5% del PIB. De los análisis y proyecciones realizados por la Oficina Presupuestaria del Congreso no se deduce una inflexión de esa tendencia si se mantiene la política de reducción de impuestos comprometida y la escalada de gastos militares. En una economía en la que el endeudamiento privado es elevado, que el hasta hace poco único ahorrador neto incurra en déficit de esa cuantía no hace sino agudizar la dependencia del ahorro exterior. Para conseguir atraer flujos de capital exteriores, los tipos de interés en aquel país y el tipo de cambio de su moneda deberán ser suficientemente atractivos, y eso no es necesariamente bueno para el resto del mundo.
Ocurre además que el aumento de ese desequilibrio en las finanzas públicas estadounidenses coincide con variaciones en la misma dirección en la mayoría de los países avanzados. El déficit público de Japón supera el 8% del PIB, el del Reino Unido se encuentra en el 3% y el agregado del área euro puede superar este año el 2%. Afortunadamente, las condiciones de financiación de esos desequilibrios no son hoy tan difíciles como en épocas anteriores, gracias a que los stocks de deuda pública se mantienen en niveles inferiores y a que la inflación está bastante controlada.
Lo que diferencia a unos desequilibrios de otros es su génesis. En el caso estadounidense han sido agresivas reducciones de impuestos (confiando en que éstas potenciarán el crecimiento económico) y no menos importantes aumentos en el gasto público, de carácter militar fundamentalmente, y en menor medida caídas en la recaudación como consecuencia de la desaceleración económica. En el resto de los países, la causa ha sido la intensidad de la recesión. En algunos países como Alemania, Francia e Italia, sus economías, sin síntomas de recuperación, se enfrentan a las las cuestionables restricciones del Pacto de Estabilidad y eventualmente a las sanciones correspondientes. Mientras que en la economía de EE UU emergen con suficiente consistencia señales de recuperación que, si se acompañan de decisiones políticas de reducción de gasto o dosificación de recortes impositivos, podrían reconducir el déficit hacia niveles más razonables, en los casos europeos la adopción de restricciones adicionales más bien amenaza con profundizar la ya muy acusada debilidad de las principales economías.
Sin necesidad de emular el pragmatismo americano, las autoridades del área euro sí deberían adoptar una aproximación mucho más flexible a la reconducción de las finanzas públicas, anteponiendo la prioridad de la recuperación al estricto cumplimiento de un pacto que está siendo fuertemente cuestionado. Y ello puede ser compatible con asegurar una sana conducción de las finanzas públicas a largo plazo y la necesaria estabilidad en la eurozona.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 31 de agosto de 2003