La escena sucedió tal cual un guión no escrito pero perfectamente previsible. Los alrededores del Palacio de Justicia de Valencia, junto a la Porta de la Mar, concentraron ayer desde antes de las 9.00 efectivos de la Guardia Civil y especialmente de la Policía Nacional. Nadie escapó al detector de metales y a medida que se acercaba la hora del juicio a 50 okupas, en escena entraron clónicos para expresar su solidaridad con los imputados. El fondo del asunto: una petición de un total de 36 años de prisión por parte del fiscal por desórdenes públicos, daños y usurpación para los 50 acusados por ocupar el Teatro Princesa de Valencia, en cuyo desalojo el 16 de octubre de 1999 murió un joven al caer del tejado.
El acceso a la sala de la sección primera de la Audiencia de Valencia -que acoge el juicio, que se prolongará durante seis días más, porque el juzgado de lo Penal al que correspondía no podía por espacio y seguridad ofrecer garantías- se convirtió en un auténtico cuadrilátero en el que hubo empujones, zarandeos, patadas, insultos, amenazas y escupitajos. Esas fueron las armas utilizadas por una parte de los 50 detenidos y de quienes les respaldaban contra fotógrafos, redactores y cámaras, a pesar de los intentos de policías, guardias civiles y la jefa de prensa del Tribunal Superior de apaciaguar los ánimos y controlar la situación.
Pero tal alboroto, que mereció las críticas de la Unió de Periodistes y de la Asociación de Periodistas Gráficos, no cambió el resto del guión: el fiscal leyó su calificación y empezó el desfile de los imputados para responder a una sucesión de preguntas sobre lo que ocurrió en la madrugada del 16 de octubre de 1999. Casi cuatro años ha tardado en cerrarse una instrucción que ha concluido con una acusación directa de ocupar ilegalmente un edificio de propiedad privada, molestar a los vecinos, impedir el acceso de los policías para practicar el desalojo, lanzas ladrillos, botellas y restos de muebles por las ventanas, destrozar parte de la barra y del patio del antiguo teatro y huir por los tejados.
Miguel Alcañiz, abogado defensor de varios de los inculpados afirmó en un receso del juicio: "La petición del fiscal es absolutamente desproporcionada, desorbitada, nosotros pedimos la libre absolución porque en ningún caso ocurrieron los hechos como los recoge el escrito del fiscal".
El ministerio fiscal explicó ante la sala -no sin alguna interrupción- el relato de lo sucedido. Según él, los acusados entraron en la madrugada del 16 de octubre de 1999, forzando y rompiendo los accesos, al Teatro Princesa de Valencia, que se hallaba cerrado y en desuso. Explicó que entraron "con el común designio de provocar a la fuerza pública y romper el sosiego de la barriada, produciendo alarma entre los vecinos, por lo que ya en el interior del local promovieron gran algarabía, con gritos y aparatos de música a todo volumen". Y agregó: "Rompieron la barra del bar del teatro, levantaron baldosas y rompieron espejos, arrancaron apliques y levantaron ladrillos desconchando paredes, daños valorados en 2.060 euros". El fiscal indicó que cuando la policía, alertada por los vecinos y por una patrulla de vigilancia ordinaria, acudió al lugar, los agentes fueron insultados y agredidos.
El movimiento okupa, por contra, hizo saber ayer que "todo es un circo mediático para criminalizar a las voces que critican esta sociedad mercantilista e injusta". Y agregaron que "la especulación mantiene sin usos sociales edificios cerrados y abandonados en barrios que necesitan de actividades" y que "esa misma especulación impide que los colectivos de jóvenes puedan libremente reunirse, participar y proponer actividades".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de septiembre de 2003