El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, declaró ayer que no podrán declararse nulas las decisiones del Parlamento vasco en las que ha participado Sozialista Abertzaleak (SA), sino sólo las que tienen que ver con la sentencia que ilegalizó Batasuna y que, por extensión, llevó a ordenar la disolución de su grupo parlamentario.
Hernando hizo estas manifestaciones en los cursos de verano de la Universidad Complutense, en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, después de que la Abogacía del Estado considerase la posibilidad de que el Supremo declare nulos todos los acuerdos de la Cámara vasca en los que haya intervenido, o intervenga en el futuro, el Grupo Parlamentario Sozialista Abertzaleak con carácter decisivo, y no sólo los referidos a la ilegalización de Batasuna.
Hernando aseguró, según Servimedia, que la nulidad sólo puede referirse a aquellos actos que hayan impedido la ejecución de las disposiciones judiciales referidas a la sentencia que ilegalizó Batasuna y no puede afectar al resto de las votaciones del Parlamento vasco en las que haya participado Sozialista Abertzaleak, como proponía el abogado del Estado.
Las declaraciones de Hernando causaron cierto revuelo por cuanto parecen contradecir la postura de la Abogacía del Estado, que representa al Ejecutivo en la ejecución de la sentencia de ilegalización.
Además, Hernando preside la Sala Especial del Supremo que ordenó la disolución del Grupo Parlamentario Sozialista Abertzaleak, y el tribunal aún no se ha pronunciado sobre las alegaciones de la Abogacía del Estado.
Por su parte, el Ministerio Fiscal difundió ayer sus alegaciones sobre la nulidad de los acuerdos del Parlamento vasco, en las que sostiene que el presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, recurrió a un "fraude de ley" para "enmascarar" una clara oposición a dar cumplimiento a una resolución firme del Tribunal Supremo.
Según el fiscal, Atutxa y la junta de portavoces recurren al "subterfugio" de entender que existe una laguna jurídica en el reglamento del Parlamento vasco que exige su modificación.
Para el Ministerio Fiscal, "bajo la dirección" de Atutxa se pretende, respecto de un supuesto muy concreto, hacer creer que se requiere una norma reglamentaria de carácter general, cuando "el requerimiento del Supremo era claro y carente de ambigüedades", y su "cobertura legal" se encontraba en la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de septiembre de 2003