El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga (EA) mantendrá las ayudas a familiares de presos de ETA para que visiten a éstos, que ayer justificó con el argumento de que el Gobierno central "incumple la ley" manteniendo a los reclusos en cárceles alejadas de Euskadi. Las ayudas suman 200.000 euros anuales y se concretan en subvenciones de entre 360 y 1.200 euros, según la distancia a la que se encuentre el centro penitenciario en el que se halle el preso. Azkarraga invocó la Constitución para defender la igualdad de trato y preguntarse por qué deberían los familiares de presos de ETA quedar excluidos de ayudas que pueden disfrutar los parientes de reclusos "de carácter social". El consejero consideró que las críticas del PP a esta medida encierran una nueva "manipulación" de la realidad vasca y adujo un decreto del Ministerio de Justicia de 1989 que estableció ayudas para familiares de delincuentes presos.
El PP pidió ayer en una iniciativa parlamentaria que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, obligue a su consejero de Justicia a revocar las ayudas a parientes de presos de ETA, que calificó de "afrenta" y "escarnio" a la memoria de las víctimas del terrorismo. También el secretario general del PSE-EE, Patxi López, aseguró que su partido tratará de impedirlas.
Azkarraga precisó que las subvenciones no son exclusivas para de los presos de ETA, sino también para los familiares de cualquier recluso que acudan a visitarle. Carlos Urquijo (PP) aseguró que las ayudas las disfrutan "fundamentalmente" los familiares de reclusos etarras, ya que están basadas en el Plan de Acercamiento de esos presos aprobado por la Cámara de Vitoria en 1995.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de septiembre de 2003